Liberalización de vía estrecha

Sindicatos, partidos y comunidades autónomas rechazan la apertura ferroviaria de Fomento

El anteproyecto de ley redactado por Fomento para la apertura a la competencia del ferrocarril español está seriamente amenazado y puede descarrilar incluso antes de entrar en vía parlamentaria. Hacienda ha dejado claro que el Estado no se va a hacer cargo, como pretendía Fomento, de la deuda histórica de Renfe. Los sindicatos, el primer partido de la oposición y varias comunidades autónomas, denuncian grandes dosis de inseguridad jurídica en su articulado y las facultades que se autoatribuye Fomento para incluir o excluir vías en la futura Red Ferroviaria de Interés General y para dirimir en los conflictos que puedan surgir entre empresas operadoras.

El anteproyecto trocea la actual Renfe en dos: un ente público dedicado a las infraestructuras (ADIF) y una empresa pública transportista (Renfe-Operadora). A la primera, que absorberá también el actual Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), se adjudican todas las unidades de negocio de Renfe (patrimonio, explotación comercial de estaciones, telecomunicaciones...) a excepción de las de transporte.

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