El Constitucional anula la extradición a Turquía de un kurdo condenado a 35 años

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha anulado las resoluciones de la Audiencia Nacional de 1998 favorables a la extradición de Nejat Das, solicitada por el Gobierno de Turquía, para el cumplimiento de más de 35 años de cárcel por narcotráfico, aunque el afectado relacionó su condena con su condición de kurdo y alegó el sometimiento a torturas. La sentencia reprocha la pasividad de los órganos judiciales ante las denuncias de Das y ordena a la Audiencia Nacional que se pronuncie de nuevo sobre la extradición, "con respeto de los derechos fundamentales" del demandante, al que ampara.

El Tribunal Constitucional recoge que Das, que lleva más de cinco años como preso preventivo en Alcalá Meco (Madrid) y ha solicitado asilo político en España, se opuso a la extradición y alegó que en 1992 presenció el asesinato de su padre -también kurdo- por disparos de policías y militares, así como que fue sometido a torturas, de las que conservaba cicatrices, y que fue obligado a firmar que había participado en delitos de narcotráfico.

El informe del forense acreditó que las cicatrices en las axilas y hombro de Das podían corresponder al sufrimiento de torturas relatado. Manuel Cobo del Rosal, abogado de Das, insistió en el "carácter ininteligible" de la traducción de las sentencias en las que se fundamentaba la petición de extradición.

Finalmente, la Sección primero y después el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se pronunciaron en favor de la extradición, tras no considerar probados los alegatos de Das y con la condición de que Turquía diera garantías de que pondría el máximo celo para impedir que el entregado fuera torturado.

La sentencia, de la que ha sido ponente Pablo García Manzano, reprocha a los órganos judiciales no haber otorgado "una tutela judicial efectiva" a Das, al no haber realizado "ninguna actividad" para "esclarecer" lo denunciado, ni siquiera para la traducción de documentos solicitada, a pesar de que los datos, "de ser ciertos, habrían de influir decisivamente" en la resolución a adoptar.

El Constitucional ordena a la Audiencia Nacional que dicte una nueva resolución, tras desplegar las actuaciones precisas para la "reparación" de los derechos fundamentales vulnerados.