El traslado de los juzgados obligará a suspender 2.000 vistas, según los jueces
El cambio de las sedes penales frustrará los juicios rápidos
Los jueces de lo Penal, fiscales, funcionarios, forenses, secretarios y sindicatos han firmado un manifiesto en el que avisan de que los planes de la Comunidad de Madrid de sacar estos órganos de la plaza de Castilla para reubicarlos en un edificio en la calle de Julián Camarillo (San Blas) implicará "la inmediata suspensión de 2.000 juicios", que ya estaban señalados. Además, vaticinan que esta medida "frustará" los llamados juicios rápidos.
Los 23 juzgados de lo Penal de Madrid son los que enjuician delitos que llevan aparejadas penas de hasta cinco años de cárcel. Sobre ellos recae el peso de los juicios rápidos que comienzan el próximo 28 de abril y con los que el Gobierno pretende reducir la delicuencia que azota Madrid.
Tras el reciente anuncio del presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, de trasladar los 23 juzgados de lo Penal (ahora en plaza de Castilla) al número 11 de la calle de Julián Camarillo, en un edificio colindante a la sede de Menores, los distintos colectivos afectos a la jurisdicción (más de 300 personas) han suscrito un comunicado en el que "manifiestan su rotunda oposición al sorpresivo anuncio de cambio de sede", por "las graves consecuencias", explican, "que la dispersión de los órganos judiciales penales comporta". Según estos colectivos, esta medida "frustará la celebración de los juicios rápidos" y del resto de vistas.
Los firmantes amparan el rechazo al traslado "en la ausencia de calabozos y oficinas comunes" en la nueva sede. Ambos servicios, sostienen, "son indispensables para el funcionamiento de los juzgados y para la celebración de los juicios". Servicios comunes son las oficinas de los forenses, averiguación de patrimonio, peritos, sitaciones de reos o atención a la víctima, entre otras.
Además, los firmantes señalan que el traslado generará "un grave perjuicio para los ciudadanos y profesionales", pues tendrán que "desplazarse a lugares alejados" del centro de la ciudad y con una "defectuosa comunicación". Y opinan que la citada medida "conculca los derechos de los detenidos y presos, al imposibilitar la legalización inmediata de sus situaciones (la que se produce con la separación del juzgado de guardia e instrucción con los juzgados de lo Penal)".
Problemas en los traslados
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, comparte las quejas. Subraya que el traslado "ahondará aún más" en la dispersión de la justicia penal de Madrid y acarreará "serias dificultades" para la celebracion de los juicios rápidos, ya que, entre otros incovenientes, los ya de por sí reducidos efectivos de la Guardia Civil tendrán que hacer más traslados para llevar a los detenidos de la plaza de Castilla, donde están los calabozos y los juzgados de guardia, a Julián Camarillo. El decano cree que la solución a la falta de espacio pasa por levantar un nuevo edificio sobre "el enorme solar" que hay detrás de los juzgados.
La Consejería de Justicia quiere trasladar los juzgados penales para habilitar espacios en la plaza de Castilla en los que alojar los cuatro nuevos juzgados de instrucción que se van a crear para los juicios rápidos. José Luis López del Moral, director general de Justicia de la Comunidad, señala que se han buscado localizaciones para estos juzgados en los aledaños de la plaza de Castilla, pero las gestiones no han cristalizado por el recelo de sus dueños a que se ubicasen en ellos calabozos y otros servicios propios de los juzgados. Admite que la ubicación del nuevo edificio no es la deseable, si bien cree que los jueces dispondrán en ella de mejores medios y señala que desde la Comunidad se solventará cualquier problema que surja para el buen funcionamiento del nuevo edificio.
