Bruselas rechaza el plan español para reestructurar el sector del carbón

La Comisión Europea ha vuelto a rechazar tajantemente el Plan del Carbón para el periodo 1998-2002 propuesto por el Gobierno español, que fue pactado con los sindicatos. En una carta de insólita dureza, el director general de la Energía de la Comisión, el español Pablo Benavides, rechaza las previsiones de cierre de explotaciones, la reducción de la producción y el recorte de plantillas propuesto por el plan.

Bruselas considera las cifras barajadas por el Gobierno español poco significativas, y le advierte de que ha incumplido los compromisos de ayudas públicas al carbón y los objetivos de cierre de instalaciones en el periodo 1994-1997. El rechazo de la Comisión supone un grave revés político para el Gobierno y, además, cuestiona gravemente la posibilidad de que la nueva Ley Eléctrica pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero. La política española del carbón es un rotundo fracaso en Bruselas. El Director General de la Energía de la Comisión, el español Pablo Benavides, ha remitido una carta durísima al Gobierno, fechada en noviembre, en la que rechaza los planes de ajuste de la minería del carbón propuestos por el Ministerio de Industria para el periodo 19982002, pactados por el Gobierno y los sindicatos -a iniciativa del vicepresidente Álvarez Cascos, contra la opinión del ministro de Economía, Rodrigo Rato- a raíz de los conflictos que provocó el protocolo eléctrico. Benavides reprocha, además, el incumplimiento de los objetivos marcados para el periodo 1994-1997, rechaza la política de mete-saca negociada con las organizaciones sindicales -por cada 11 empleos perdidos, incorporar cuatro nuevos- y exige de nuevo que las ayudas a Hunosa y Minas de Figaredo, que rondan los 100.000 millones de pesetas, "estén consignadas en los Presupuestos públicos o incluidas en mecanismos estrictamente equivalentes", para que su transparencia sea absoluta. En la actualidad, estas ayudas transitan por los circuitos de la SEPI. La carta de Benavides es devastadora para las propuestas de Industria. Según las cifras del plan presentado por las autoridades españolas, Hunosa y Minas de Figaredo prevén cierres de explotaciones a cielo abierto que producen actualmente 300.000 toneladas y una reducción de la producción subterránea que, referida al año 1996, sería de 266.797 toneladas, es decir, el 11,3%. España propone además reducir las ayudas a las pérdidas de explotación desde los 61.054 millones en 1998 a 57.231 millones en el año 2001 -es decir, el 6,25%-. "El plan -lamenta Benavides- omite la referencia al cierre de unidades de producción". El empleo se reduciría desde una plantilla media de 8.320 trabajadores el año próximo a 7.156 en el 2001 (el 14%).

Rechazo de propuestas

Pues bien, la Comisión rechaza tales propuestas e impone las suyas: "Una disminución significativa debería prever para el año 2001 una producción del orden de 1.500.000 toneladas procedente de minas subterráneas, lo que corresponde a una reducción del 37% respecto al año 1996 y que las ayudas a las pérdidas de explotación no deberían superar en el mismo año 45.000 millones de pesetas, lo que corresponde a una reducción del 26,3%. Para ello debe procederse al cierre de instalaciones y a las reducciones necesarias de personal, incluidas las subcontrataciones y, en todo caso, debe procederse al cierre definitivo de las instalaciones de la extinta empresa Minas de Lieres antes del 31 de marzo de l998". La dureza de, la Comisión se extiende a las empresas carboneras sin contratos programa. "España les ha concedido ayudas a las pérdidas de explotación sin que, al mismo tiempo, haya exigido los planes de modernización" afirma. Debido a este ajuste insuficiente, Benavides reclama "esfuerzos complementarios en el periodo 1998-2001". Rechazada la política de producción y de ayudas, Benavides se muestra también en contra de la política de empleo pactada por Gobierno y sindicatos.