Obras Públicas no retomará las obras de la carretera Cabanes-Oropesa hasta que el juez autorice el trazado

La Consejería de Obras Públicas no retomará la ejecución del proyecto de la carretera Cabanes-Oropesa hasta que el juez que paralizó las obras no otorgue su visto bueno a la variante del trazado inicial. El titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Castellón, Rafael Jiménez, dictó el pasado mes de octubre el sobreseimiento de la querella presentada por el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) pero advertía que, aunque hasta el momento no se había incurrido en delito alguno, de seguir las obras con el trazado fijado se cometería un delito ecológico. Éste se basa en la afección al paraje natural del Desert de Les Palmes y a una especie cavernícola, reconocida internacionalmente y conocida como la gamba de Miravet. En un principio, la Consejería de Obras Públicas, tal como manifestó su responsable, José Ramón García Antón, determinó seguir adelante con la obra, al considerar que con la variante aprobada era suficiente para retomar el proyecto. Sin embargo, ante la rotundidad del auto judicial, que señalaba que "la ejecución del trazado proyectado (...) conllevará el elemento típico del grave riesgo perjudicial para el medio ambiente", el consejero ha rectificado y, en declaraciones a la cadena SER, argumentó que "existe una interpretación jurídica que recomienda hacer partícipe al juez de lo que vayamos a hacer". Así, la Consejería ha remitido al juzgado los cambios para obtener el visto bueno. La precaución antes de retomar las obras se centra en la cautela de los técnicos para firmar el inicio de las mismas ya que el auto del juez levantaba la acusación contra los dos cargos de la Consejería, Pedro Marco y Josep Llin Belda, inicialmente señalados, e indicaba que el autor del delito sería quien dictaminara la realización de las mismas, es decir "quienes aparezcan entonces como responsables", tal como señala el acto. El delito ecológico conlleva penas de prisión de entre seis meses y cuatro años, multa e inhabilitación. Los ecologistas ya han anunciado que se encadenarán nuevamente a las máquinas, tal como hicieron hasta que el juez paralizó las obras, en el caso de que se mantenga la intención de Obras Públicas de ejecutar la opción sur, la más dañina según los conservacionistas.