Política y fundamentalismos económicos
La recesión económica continúa planeando sobre Europa. No se prevé que desaparezca a corto plazo y sí que se agudice, si no se consigue evitar la intervención militar de EE UU en Irak.
España forma parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM), pero permanece entre los países de la cola en competitividad y productividad, supera con creces la tasa media de paro y ha conseguido estar en la avanzadilla en inflación. Pese a los avances en algunos indicadores económicos (ver EL PAÍS, 14 enero de 2003), no ha mejorado de forma significativa su situación relativa en Europa.
A un año de la vigencia del euro y a tres de la creación de la UEM, ¿es hora de revisar la estrategia política de la UEM y la de la mayoría de sus países? Parece que sí. Y por supuesto, la española.
El uemismo de aquellos que confían en demasía la solución de los problemas económicos a los mercados y a la moneda única no ha sido positivo. Hay que escuchar a los analistas críticos con el proceso vigente de integración europea, aunque lo creen indispensable y urgente para contrarrestar en lo posible los efectos negativos de una globalización huérfana de gobierno. Dichos analistas abogan por: 1) una mayor democracia en las instituciones; 2) el avance en la coordinación y armonización de las políticas económicas, y 3) la unidad política y social. Y auguran la persistencia, el aumento, el surgimiento de problemas, de no introducirse cambios en las políticas. Algunos países de la vieja Europa lo están haciendo. No así el Gobierno del señor Aznar, parapetado en un fundamentalismo económico que impide el avance en la solución de problemas antiguos y nuevos. Los casos que siguen lo ejemplifican.
Persisten las asimetrías entre zonas en la UE. Pero la situación de los países que, como España, están peor situados en el ranking europeo de desarrollo económico puede empeorar. ¿Por qué?
Las economías de los países con estructuras productivas menos diversificadas y modernas son más vulnerables a la competencia cuando los mercados son más amplios y transparentes. Estos mercados permiten aumentar la presencia y la competencia de productos nuevos, diferenciados, de calidad, procedentes de las áreas más desarrolladas, y, también, de productos más baratos procedentes de países en vías de desarrollo o del centro y este de Europa, obtenidos con unas condiciones de producción más favorables para el capital.
Además, las ayudas estructurales y los fondos de cohesión procedentes de la UE van a reducirse de forma sustancial al ampliarse ésta en 2004. Y es posible que algunos de los países que se incorporen a la UE nos avancen en poco tiempo.
Hay que conseguir mayor desarrollo. Es esencial aumentar la competitividad basándola en la innovación y la calidad de los productos. Pero el Gobierno español parece ignorarlo: los gastos en investigación y desarrollo (I+D) se mantienen sensiblemente inferiores a la media europea, los de educación son insuficientes e investigadores retornados tienen dificultades para ejercer su trabajo y obtener salarios dignos.
Otro problema: la inflación, que puede mantenerse e incluso aumentar. ¿Por qué? Demasiados analistas y gobernantes no valoraron el probable impacto del euro sobre los precios. Hoy todos lo admiten. Existen, no obstante, importantes diferenciales dentro de la UE (1,1%, tasa acumulada durante el año 2002 en Alemania; 4%, en España). El señor Prodi, presidente de la Comisión Europea, los ha atribuido a la adopción o no de medidas preventivas adecuadas para evitar la subida de precios. Sus principales efectos negativos son pérdidas de poder adquisitivo y de competitividad. Y donde, como en España, la competitividad se basa aún en gran parte en precios relativos bajos, su incidencia sobre el desarrollo es mayor.
Pero las tensiones inflacionistas pueden persistir e incluso aumentar. Es muy posible que la mayor transparencia entre mercados europeos tienda a unificar precios, y
que la igualación se realice al alza. El eventual aumento del precio del petróleo empeoraría la situación. Para soslayar estos problemas el Gobierno debe controlar mejor los mercados e impulsar, también en este caso, el aumento de la competitividad de los productos. Y, defender la paz.
Y un problema nuevo: la escasez de recursos. La política de estabilidad de la UEM, poco flexible y sin coordinar con la política fiscal, restringe la capacidad interventora de los gobiernos para reactivar y modernizar las economías, reducir el paro y aumentar el bienestar. El gasto público queda limitado por el acuerdo entre los gobiernos (Pacto de Estabilidad) de no incurrir en un déficit público superior al 3% del PIB, y por la disminución, más o menos importante según los países, de los ingresos fiscales debida al bajo crecimiento económico. Además, algunos gobiernos recortan las cargas fiscales para aumentar la competitividad relativa de los productos y para atraer capitales y votos. Y, también, por su adicción a las propuestas de no intervención del paradigma neoliberal.
El fundamentalismo con el que el Gobierno del señor Aznar aplica la política de estabilidad (el déficit cero es uno de los principales objetivos de su política), su escasa afección a controlar los mercados, su poca eficacia cuando interviene en la economía, su miopía respecto a la urgencia de favorecer el desarrollo, su política fiscal regresiva y populista y su belicismo no parece que sean los ingredientes más apropiados de una política que permita solventar los problemas mencionados. La política del señor Aznar dificulta la convergencia con Europa y entorpece la configuración de la UE como una gran zona emblemática que persigue y consigue desarrollo, bienestar, democracia y paz.
Hay que abandonar los fundamentalismos económicos. Hacen falta políticas alternativas. Y las hay.
Carme Massana es profesora de Política Económica de la UB.
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