El PSOE pide a la Iglesia que aclare si Castillejo solicitó su jubilación y dé paso a una "nueva etapa" en Cajasur

El PSOE acogió ayer con recelo el anuncio del director general de Cajasur, Francisco Jurado, de que el presidente de la caja cordobesa, el sacerdote Miguel Castillejo, está a la espera desde hace "cierto tiempo" a que la Iglesia apruebe su jubilación. "Es algo sorprendente, porque el mismo Castillejo hace poco tiempo decía que aguantaría en la presidencia hasta que las fuerzas le acompañasen y que no encontraba ningún sustituto preparado para la tarea", recordó el secretario de los socialistas cordobeses, José Antonio Ruiz Almena.

El dirigente del PSOE, que ha pedido insistentemente la dimisión de Castillejo tras hacerse público en noviembre pasado que Cajasur contrató una póliza millonaria para garantizar a su presidente una renta vitalicia cuando abandone su cargo, teme que se trate "de una maniobra más de Castillejo". Ruiz Almenara recordó que los canónigos mayores de 65 años del cabildo catedralicio, que ocupan puesto en el Consejo de Administración de Cajasur, "pueden jubilarse cuando quieran, sólo tienen que pedir permiso al obispo de Córdoba". Por ello, el secretario de los socialistas cordobeses emplazó a la Iglesia a confirmar si esa petición se ha producido y, en caso positivo, atenderla. "Hay que dar paso a una nueta etapa en la entidad", afirmó Ruiz Almenara.

En cualquier caso, mantuvo que la solicitud, "si se ha producido", se tuvo que formalizar después de la polémica sobre la póliza millonaria ya que, recordó, en todo este tiempo el obispo de Córdoba, Javier Martínez, se ha mostrado públicamente crítico con las últimas decisiones de Castillejo al frente de Cajasur.

"O prepara el terreno para irse antes de que le echen o sólo es una escenificación para que los del sindicato Aspromonte [en sintonía con Castillejo] le pidan ahora que no se marche", aventuró Ruiz Almenara. El dirigente socialista también mantuvo que Cajasur intensificará en los próximos días su "campaña de desprestigio" contra la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, quien decidió llevar ante la Fiscalía Anticorrupción la gestión de la entidad en los últimos tres años por apreciar indicios de apropiación indebida y falsedad documental.