"En España hay transparencia en la lucha antiterrorista"

Sergio Vieira de Mello, brasileño de 55 años, es el sucesor de Mary Robinson en uno de los departamentos de gestión mas compleja a la vez que más emblemático de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Madrid ha sido sólo la semana pasada el inicio de una gira que le llevará a Washington, donde dice estar dispuesto a sacar los colores a las autoridades norteamericanas, en relación a la eventual intervención norteamericana en Irak.

Vieira de Mello, que habla un español impecable, ha visto muchos muertos, muchos desplazados, muchas guerras en sus 34 años como alto funcionario en diversos organismos de la ONU, pero lo que ahora le preocupa es que amparándose en la la lucha contra el terrorismo, puedan producirse, como muchas fuentes aducen, retrocesos en la libertad de expresión en países democráticos.

"El 11-S provocó una reacción muy fuerte en EE UU. Entiendo que ante una amenaza semejante se tomaran medidas excepcionales. Pero no lo que está sucediendo en estos momentos"

"Hoy, todo afecta a los derechos humanos, desde la carrera armamentística en el espacio exterior hasta una disposición administrativa local"

"Confío en que, cuando Irak deje de ser el foco exclusivo de atención, el problema palestino vuelva a ser lo que merece ser: una prioridad absoluta"

"Es preocupante el énfasis con el que ahora se coloca la etiqueta de terrorismo a cualquier tipo de oposición en muchos países del mundo"

"Cuando se han intentado todas las fórmulas y los derechos humanos siguen siendo sistemáticamente violados por un Gobierno, la comunidad internacional tiene derecho a intervenir"

Pregunta. Se ha hecho cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en plena crisis iraquí. ¿Cuáles son las tareas más urgentes a las que debe hoy hacer frente?

Respuesta. Todas. Hoy, todo afecta a los derechos humanos, desde la carrera armamentistica en el espacio exterior hasta una disposición administrativa local. Pero siempre existen prioridades.

P. Al encontrarse sin medios suficientes para desarrollar su tarea, su antecesora, Mary Robinson, quiso hacer de su departamento la voz de la conciencia mundial. Ya que no tenemos recursos, al menos tenemos voz para denunciar, era su filosofía.

R. Lo que más me sorprendió al llegar a este cargo fue la distancia que existe entre la retórica ginebrina y las condiciones reales en el resto del mundo. A mi me gustaría actuar de puente. Creo que lo importante es siempre el resultado. Si las denuncias sirven para que un Gobierno cambie, muy bien. Pero aunque la denuncia puede ser útil en los casos más flagrantes, también puede producir el efecto contrario, provocando el endurecimiento de la actitud de los Gobiernos. Por ello, hay casos en los que puede ser más útil establecer un programa de asistencia técnica con un Gobierno que criticarlo. Por ejemplo, en China tenemos varios programas para cooperar en la reforma de la legislación, así como para adaptar distintos aparatos de Estado, como Justicia y Fuerzas de Seguridad, a las normas internacionales. Claro está que todo esto no puede cambiar la política del Partido Comunista Chino, pero sí que va introduciendo una cierta concienciación sobre los derechos humanos entre los agentes del Estado.

P. ¿No es ésta una tarea muy lenta, cuando parece que en todas partes -Chechenia, Palestina, los propios Estados Unidos- se está retrocediendo en la defensa de los derechos humanos?

R. Estoy totalmente de acuerdo. El 11 de septiembre provocó una reacción muy fuerte en Estados Unidos. Entiendo que ante una amenaza semejante se tomaran medidas excepcionales. Pero no, lo que está sucediendo en estos momentos. Esta semana visitaré Estados Unidos y le diré al Gobierno norteamericano que me parece paradójico que esa gran democracia, considerada como un modelo para tantos, que ha inventando un concepto como el de los Derechos Civiles, adopte medidas que son incompatibles con su constitución. Y aunque no estemos en una situación normal, me parece peligroso suspender con tal falta de transparencia ciertos principios fundamentales, garantías y libertades individuales que han constituido el gran pilar de la democracia norteamericana. Espero que sólo sea una reacción exagerada y transitoria y que el Gobierno de Washington acabe dándose cuenta de que mantener esas medidas de excepción debilita el sistema democrático que ha sido siempre el justificado orgullo de su país.

P. ¿Lleva a Washington una lista de violaciones de los derechos humanos?

R. Son cosas obvias, que estamos viendo todos. Entre ellas, Guantánamo y ese limbo jurídico en el que se encuentran centenares de individuos detenidos como consecuencia de la guerra de Afganistán, sin acceso a un sistema de defensa, sometidos a un aislamiento prolongado, sin contacto con sus familias. Quizá muchos de ellos inocentes, porque nadie sabe de lo que están acusados. Y aunque no sean angelitos, los derechos se aplican a todos. Hay, de otro lado, también medidas de caracter administrativo que afectan a la inmigración y que consisten en convocar a ciertas personas seleccionadas por su origen o procedencia, tomarles huellas digitales, ficharlas. Es algo que me parece muy peligroso por las consecuencias que puede acarrear.

P. ¿Cuáles?

R. El mayor peligro es que estas medidas se vuelvan permanentes. Lo que nos lleva directamente a una nueva etapa catastrófica para la observancia de los derechos humanos. Otro problema es el efecto de multiplicación. Al darse esos casos en países democráticos como Estados Unidos, otros países no plenamente democráticos, se preguntan por qué no pueden hacer lo mismo, o incluso peor. Las mismas medidas tomadas en otros países tienen consecuencias más graves que en Estados Unidos, donde al menos existen jueces federales que pueden retar al Gobierno, Prensa que puede criticarle, intelectuales que tienen la valentía y la libertad de expresar su opinión en público. Hay un poder judicial y una opinión pública que pueden ejercer algún contrapeso al poder ejecutivo, lo que no es el caso de otros países mucho menos democráticos.

P. ¿Se refiere a a lo que hacen los rusos en Chechenia?

R. Estoy pensando en ese y en muchos otros países que no están en este momento en el foco de los medios de comunicación. Hay una tendencia general a endurecer la legislación y a adoptar medidas administrativas que conducen a una erosión de las normas del derecho internacional, tanto como de las libertades individualies y políticas a nivel nacional. Es preocupante el énfasis con el que ahora se coloca la etiqueta de terrorismo a cualquier tipo de oposición -incluso a la oposición legítima, plenamente legal-, en muchos países del mundo. Hasta el punto de que expresar una opinión distinta a la del Gobierno sea considerado como algo antipatriótico. Toda oposición política u opinión en contra tiende a ser etiquetada como terrorismo real o potencial, y esto es peligrosísimo. Ya llamé la atención del comité antiterrorista del Consejo de Seguridad, en su momento, y, ahora que España va a presidir este comité, he pedido al Gobierno español que me ayude a difundir este mensaje: la lucha contra el terrorismo debe hacerse con el pleno y riguroso respeto a los derechos humanos.

P. ¿Le preocupaba que pudiera estar sucediendo algo parecido en España?

R. En dos días he celebrado numerosas entrevistas con el presidente del Gobierno; ministros de Justicia e Interior; el Defensor del Pueblo; la presidenta del Congreso, y portavoces parlamentarios. Sabía que está pendiente de discusión ese proyecto de ley para endurecer las penas de prisión a los terroristas, así que el tema principal fue cómo desarrollar una acción preventiva contra el terrorismo con un respeto riguroso a las leyes y a la constitución, resistiendo a la tentación de medidas excepcionales. Pero pude constatar una casi unanimidad de criterios en la posición de los principales grupos parlamentarios en materia antiterrorista, y la coincidencia en señalar que los detenidos están siendo tratados con el máximo cuidado. Aunque fueron formuladas algunas críticas por el relator especial sobre tortura, he obtenido del Gobierno español todas las facilidades para que el mismo relator visite en los próximos meses España y permanezca en el país todo el tiempo necesario para entrevistarse con presos y visitar cárceles y cuantos lugares sea preciso, lo que me parece una actitud de la máxima transparencia.

P. ¿Ha usado el Gobierno israelí el 11-S para recrudecer su acción contra los palestinos?

R. La actuación del ejército israelí en los territorios ocupados siempre ha sido dura; eso no es una novedad. El problema arranca de la prioridad que ha dado el Gobierno de Sharon a la seguridad sobre la paz. Lo que cambia es el discurso, el énfasis que ahora se pone en justificar sus actuaciones como lucha antiterrorista. Pero los dirigentes israelíes deben comprender que no es posible cambiar la situación mientras todo el énfasis se siga poniendo en la seguridad. Lo único que podría calmar los ánimos y traer más racionalismo y humanidad en los comportamientos sería relanzar el proceso de paz de los cuatro -Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas- que quedó interrumpido. No hay ninguna otra solución a la vista.

P. ¿No hay nada que permita a unas Naciones Unidas que son capaces de tomar medidas como el embargo a Irak o enviar cascos azules a tantos conflictos, tomar medidas parecidas en Oriente Próximo?

R. Sí, desde luego, pero usted sabe muy bien por qué.

P. Dígamelo usted.

R. Es una respuesta política que yo no le puedo dar. Sin los Gobiernos, ni el secretario general ni las Naciones Unidas están en condiciones de imponer nada por sí mismos. El propio Consejo de Seguridad ya ha intervenido en numerosas ocasiones, pero sus resoluciones no han sido respetadas.

P. ¿Es ello una declaración de impotencia por parte de Naciones Unidas?

R. Sí, no queda más remedio que reconocer nuestra impotencia, la impotencia de lo que se llama la comunidad internacional. No sólo es el conflicto palestino-israelí uno de los más antiguos que sigue sin resolver, sino que asistimos a diario a violaciones de los derechos individuales y colectivos de los palestinos, sin olvidar, por otra parte que la población israelí vive con el terror de no saber dónde va a hacer explosión la próxima bomba humana. Pese a ello, albergo la esperanza de que esa impotencia sea sólo temporal. Confío en que, cuando Irak deje de ser el foco exclusivo de la atención mundial, los dirigentes, principalmente de Occidente, amplíen suficientemente lo que es su visión del mundo, con lo que el problema palestino volverá a ser lo que merece; que se le trate con la más absoluta de las prioridades.

P. El llamado unilateralismo de Estados Unidos, su aparente inclinación a actuar por su cuenta, ¿no es otra forma de poner en evidencia la impotencia de Naciones Unidas?

R. No creo que hasta el momento las Naciones Unidas se hayan visto debilitadas por esa razón. A pesar de las tentaciones que siente hacia el unilateralismo, que son reales y vienen de antiguo, hay que tener en cuenta que el Gobierno norteamericano sigue trabajando dentro del marco de las Naciones Unidas. El simple hecho de que el secretario de Estado, Colin Powell, se haya presentado ante el Consejo de Seguridad hace dos semanas para presentar pruebas contra Irak como poseedor de armas de destrucción masiva y su presunta vinculación a Al Qaeda, es la confirmación de que Estados Unidos siguen comprometidos con el multilateralismo y con una institución llamada Naciones Unidas. Si no, ¿por qué se iban a tomar tanto trabajo?

P. Siempre es preferible contar con aliados para una intervención militar, que muchos juzgan ya inevitable.

R. Bueno, cabe especular con ello. Pero ni el secretario general, Kofi Annan, ni yo pensamos que esta guerra tenga que ser forzosamente inevitable.

P. En caso de que hubiera guerra, ¿qué previsiones se están tomando para asistir a la población civil?; ¿tienen idea de cuantos campamentos de refugiados se necesitarán, dónde estarán, a qué hospitales irán?

R. Desde el conflicto de Kosovo en 1999, nuestra política consiste en prever lo peor y esperar lo mejor. Y, sí, en cualquier caso, diversos organismos dentro de las Naciones Unidas están preparándose para cualquier eventualidad. Trabajan con diferentes hipótesis en términos de desplazamiento forzado de las poblaciones, desde una minimalista a otra de carácter masivo. Pero no se trata de escenarios que los organismos que trabajan en ello sean partidarios de dar a conocer en todo su detalle, porque esa actitud podría crear una situación de alarma generalizada entre las poblaciones.

P. ¿En qué ayuda su organización al pueblo iraquí, sometido a los efectos del embargo?

R. Yo fui uno de los funcionarios encargados de aplicar el programa Petróleo por Alimentos, con el que tratamos de aliviar los efectos del embargo sobre la población del país, pero cuando en 1999 viajé a Irak pude comprobar que la situación material de la población, era muy mala no sólo por efectos del embargo, sino por la deficiente aplicación del plan que hacían las autoridades iraquíes.

P. ¿La imposición de la pena de muerte, como ocurre en Estados Unidos, es compatible con la defensa de los derechos humanos?

R. Éste es otro de los temas siempre pendientes que llevo en la agenda para Washington. En la mayoría de los casos las ejecuciones se producen a puerta cerrada, como si los responsables tuvieran vergüenza de lo que están haciendo. Y la verdad es que hay que sentir vergüenza, porque ni se ha demostrado que la pena de muerte tenga un valor disuasivo, ni parece algo digno de un sistema de justicia del siglo XX o del XXI.

P. ¿Existen guerra justas?; ¿hay alguna guerra que pueda justificar, hacer comprensible la muerte de miles de ciudadanos?

R. La guerra y la justicia no se excluyen siempre necesariamente la una a la otra. Hay quien podría argumentar con razón que el ex jefe del Gobierno serbio o yugoslavo, Slobodan Milosevic no estaría hoy sentado en el banquillo del Tribunal Penal Internacional de La Haya, si no hubiera sido por los bombardeos de la OTAN de 1999 para acabar con la represión en Kosovo. Pero a la pregunta de si existe una guerra justa, nuestro secretario general, Kofi Annan, dio ya una respuesta en la apertura de la Asamblea General en 1999, al decir que los Gobiernos no podían seguir escudándose en el respeto a la soberanía de un país para consentir con ello la violación masiva los derechos humanos de los ciudadanos de ese país, por parte de sus propias autoridades. Cuando se han intentado todas las fórmulas y los derechos humanos siguen siendo sistemáticamente violados por un Gobierno, la comunidad internacional tiene todo el derecho del mundo a intervenir. Kosovo, donde 800.000 personas habían sido evacuadas y donde había pruebas claras de que se estaba procediendo a una limpieza étnica, igual que, por ejemplo, en Timor Oriental, al frente de cuya administración estuve durante dos años, son dos buenos ejemplos de la necesidad de intervenir para evitar más muertes. Pero, establecido este principio, no quiere decir que haya que aplicarlo de la misma forma, automáticamente, en todos los casos, entre otras razones, porque no siempre tiene los votos suficientes en el Consejo de Seguridad.

P. Si no cupiera la intervención ¿cómo cabría defender los derechos humanos en Irak, que son sistemáticamente violados por Sadam Husein?

R. Es difícil utilizar ese argumento como justificación de una guerra. En primer lugar, porque Sadam Husein ya violaba los derechos humanos cuando muchos países occidentales lo apoyaban. Pero no soy yo, Sergio, ni siquiera el secretario general, el que está encargado de determinar si una guerra en Irak u otro lugar es legítima o no, si es justa porque va a salvar un pueblo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sino el Consejo de Seguridad. Es éste organismo el que determina lo que es bueno y malo para la paz y seguridad mundiales. No hay otro mecanismo, y, como decía Churchill: "Las Naciones Unidas no pueden garantizar el paraíso, pero al menos nos protegen del infierno".