Seguimiento del Pacto

Populares y socialistas tuvieron interés en presentar la reunión ayer de la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista -formalmente convocada para ratificar el acuerdo sobre la reforma penal- como una reafirmación de la unidad de los dos partidos frente a la amenaza de ETA, tras el atentado del día 8 en Andoain. La voluntad de acuerdo se manifestó en la identidad de criterios sobre la conveniencia de reforzar las medidas de seguridad de los ediles y sedes de los partidos, e incluso en la voluntad de evitar polémicas como la reciente sobre la conveniencia o no de presentar listas conjuntas en Euskadi.

Los partidos aprecian que se ponga de relieve la desigualdad de condiciones con que concurren los partidos constitucionalistas, cuyos candidatos son objeto de acoso por parte del radicalismo proetarra. Sin embargo, PP y PSOE ratificaron su intención de presentar listas propias en todos los municipios, aunque en algunos tengan que completarlas con afiliados de otras comunidades (lo que, por otra parte, acentúa esa desigualdad). La renuncia a participar trasmitiría un mensaje derrotista: que ETA ha logrado eliminar de la competición política a los no nacionalistas.

La presentación de listas conjuntas tampoco es una respuesta adecuada a la coacción existente, ya que limitaría aún más las opciones de los electores. Plantear esa posibilidad en público, sin consulta previa al otro partido, fue un error de Mayor Oreja, aunque se tratara, como ha dicho, de una propuesta abierta de colaboración, no necesariamente de listas conjuntas. Es evidente que no hay una alternativa al nacionalismo gobernante sólo desde el PP o el PSOE, por razones sociológicas, además de electorales. Pero ello habría de manifestarse, en su caso, en alianzas poselectorales, no en coaliciones previas.

La comisión constató la efectividad de algunas de las medidas salidas del consenso antiterrorista, en relación sobre todo a la violencia callejera: frente a los 415 actos de ese tipo contabilizados en 2001, el año pasado fueron 193, de los que menos de una decena en el último trimestre. Nadie duda de la incidencia en ese retroceso del endurecimiento de la normativa (incluyendo la responsabilidadad civil de los padres) y de la mayor eficacia policial, ahora también de la Ertzaintza; pero también ha influido probablemente la situación creada por la suspensión cautelar de Batasuna y la perspectiva de su ilegalización.

Mucho más discutible es la eficacia de las reformas en materia penal y penitenciaria. Las modificaciones que ha conseguido introducir el PSOE en el proyecto inicial del PP apenas corrigen el desenfoque con que se plantearon. Que el periodo mínimo para acceder a beneficios penitenciarios sea de 32 o de 35 años, en lugar de los 40 que quería el PP, no resuelve el problema que supone eliminar en la práctica la posibilidad de reinserción de los condenados por terrorismo. Y hay serias dudas de legalidad sobre el apaño de separar la pena de su ejecución, a fin de aplicar la ley de manera retroactiva a los nuevos y más duros requisitos de reinserción.