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El Gobierno andaluz recurre la Ley Financiera por ser una "agresión al Estatuto de Autonomía"

Zarrías y Álvarez acusan a Aznar de legislar para defender intereses del presidente de Cajasur

El Ejecutivo andaluz, como hiciera hace unas semanas el Parlamento autonómico, registró ayer en el Tribunal Constitucional su recurso contra la Ley Financiera, norma que sustrae a la Junta la supervisión de Cajasur y se la asigna al Ministerio de Economía por ser una entidad "de fundación directa por la Iglesia". El texto fue presentado en Madrid por la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, que coincidieron en calificar la norma de "agresión al Estatuto de Autonomía". El recurso alega "invasión de competencias" para solicitar la anulación de varios artículos.

"Esta Ley es una provocación, una violación del Estatuto de Autonomía y la Constitución, supone una nueva irrupción en nuestro ámbito de competencias sólo por estar en desacuerdo con la política del Gobierno central", aseguró Álvarez. La consejera de Economía reiteró los aspectos que llevan a la Junta a recurrir la norma estatal, que se concentran en el articulo que regula las cajas de fundación directa por la Iglesia, condición que entre el medio centenar de cajas de ahorros españolas sólo cumple Cajasur, la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo.

El recurso resalta la "inconstitucionalidad" del artículo 8 de la Ley Financiera, que atribuye al Ministerio de Economía la competencia de regular la aprobación de estatutos y del presupuesto anual de la obra social de Cajasur, una prerrogativa que hasta ahora tenía la Junta. El Ejecutivo andaluz considera infundado esgrimir la aplicación de un acuerdo internacional como el Concordato entre España y El Vaticano para "alterar el sistema de distribución competencial". Y también cree "ilegal" que se apliquen los estatutos aprobados por la caja el 1 de noviembre de 2002, toda vez que la entidad cordobesa no se ha adaptado a la Ley andaluza de Cajas (recurrida ante el Constitucional en 2000 por el Gobierno justamente por la regulación de Cajasur).

"Los acuerdos internacionales que afectan a materias atribuidas a las comunidades autónomas los ejecutan las autonomías, como ocurre por ejemplo con la gestión de las ayudas europeas a la agricultura", explicó el consejero de la Presidencia. Zarrías atribuyó la "agresión" a la defensa de los "intereses personales del PP y de Castillejo".

La Junta, con su ley de Cajas, trató de equiparar la composición de los órganos de gobierno de Cajasur al de resto de entidades, lo que hubiese rebajado el poder de la Iglesia en la entidad. Además, el Ejecutivo andaluz acaba de exigir a la entidad que anule la póliza millonaria en favor de Castillejo por considerarla "una indemnización" para cuando deje el cargo.

"Intentar regular esta materia cuando hay un litigio pendiente en el Constitucional [el recurso contra la Ley andaluza de Cajas] sólo puede entenderse como mala fe", sentenció Zarrías, quien recordó que los últimos fallos judiciales por conflictos entre el Gobierno y la Junta han sido favorables al Ejecutivo autonómico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de febrero de 2003