"La ley de juicios rápidos es inquisitorial, y además no reducirá la delincuencia"

El Gobierno del Partido Popular confía en los juicios rápidos, que entrarán en funcionamiento el 28 de abril, para frenar la delincuencia, cuyo aumento en Madrid fue espectacular en 2002. Pedro Martínez, segundo jefe de la fiscalía de Madrid, que integra a 175 fiscales, sostiene que la nueva ley que regula los juicios rápidos no será la panacea: "Es una ley innecesaria (desde hace años se celebran juicios rápidos); y en algunos aspectos, regresiva e inquisitorial; y además no reducirá la delincuencia". Es "regresiva" porque, entre otras cosas, quiebra el principio de que el juez que instruye no debe juzgar, y otorga al juez la facultad "de negociar" la conformidad del detenido con los hechos que se le imputen y le permite "decidir por sí solo y sin ulterior recurso". Además, "aparta al fiscal de la instrucción" y deja en manos de la policía la citación de los detenidos para el juicio y que califique jurídicamente si un hecho es delito o falta.

"Es precisa la inmediata creación de 25 juzgados de instrucción"

"La Comunidad debería implantar un fondo para las mujeres separadas"

El teniente fiscal de Madrid asegura "que la nueva ley será inútil para disminuir la tasa delictiva". Y lo razona: "En su afán por conseguir sentencias rápidas, establece para el delincuente que se conforme con la pena solicitada por el fiscal, que obligatoriamente el juez tenga que reducir en una tercera parte la condena siempre que ésta sea inferior a tres años; y, además, obliga al juez a suspender la condena si el reo promete indemnizar a la víctima y, en caso necesario, se somete a un tratamiento de desintoxicación". Estas medidas "provocarán un profundo desasosiego a la víctima, que verá cómo su agresor sale en libertad con la sentencia bajo el brazo. Además, es una medida que se contradice con la reforma de la prisión preventiva, pues los delincuentes optarán por conformarse con la pena para evitar así el juicio y la prisión preventiva, según Martínez.

Martínez asegura que los juicios rápidos son "innecesarios" porque éstos ya estaba regulados. De hecho, Madrid y Barcelona celebraron el año pasado, entre ambas, "cerca de 2.000 vistas rápidas". Sostiene que Barcelona dispone de mejores medios judiciales que Madrid, y lamenta que, con vistas al incremento de medios para los juicios rápidos, la idea del Ministerio de Justicia sea equiparar a ambas capitales. "Madrid tiene una población de 3.000.000 de habitantes y casi el doble de volumen de trabajo que la capital catalana, que tiene 1.500.000 habitantes".

-¿Por qué Madrid tiene ahora 46 juzgados de instrucción, más otros cuatro que se van a crear (en total 50), y Barcelona, con la mitad de asuntos y población que Madrid, posee 33?

-Madrid debería contar con el doble de juzgados de instrucción que Barcelona. En Barcelona existe un juzgado de instrucción por cada 45.000 habitantes; y en Madrid, uno por cada 64.000. La capitalidad, el volumen de trabajo y la población hacen que Madrid sea un hecho único sin parangón y sin referente, que necesita un tratamiento individualizado y de choque, por lo que es preciso la inmediata creación de al menos 25 juzgados de instrucción. Eso sí, con el correspondiente incremento de fiscales para reestablecer el equilibrio.

Desde 1992, Barcelona dispone de cuatro juzgados de guardia, uno más que Madrid. Cuando entren en vigor los juicios rápidos, ambas ciudades dispondrán de cinco juzgados de guardia. Martínez subraya que, dado su volumen de trabajo y población, Madrid debería tener al menos siete juzgados de guardia.

Los juicios rápidos no serán posibles "con los cuatro nuevos juzgados de instrucción que se ofrecen y un quinto a medias. Esto degenerará", subraya el teniente fiscal de Madrid, "en una justicia incómoda para el ciudadano y basura desde la perspectiva de las garantías procesales, que generara innumerables recursos".

Según Martínez, el incremento delictivo no se debe a que un "virus ha infectado la población", sino a la "quiebra del Estado del bienestar y al creciente malestar social, a lo que hay que añadir la falta de jueces y fiscales y la progresiva reducción de las fuerzas de seguridad del Estado". "Se ha publicado que Madrid necesita 10 nuevas comisarias; pero es que también los puestos de la Guardia Civil han sido reducidos a la mitad".

Martínez apuesta por potenciar el papel del fiscal y asimilarlo al que rige en Europa: "La investigación debe ser impulsada y llevada a cabo por el fiscal, junto a un juez de garantías que, desde su independencia, vele porque se respeten los derechos fundamentales y el proceso". También se queja de la endémica falta de fiscales en Madrid, lo que les impide acudir a todos los actos judiciales a los que les obliga la ley. "Mientras los jueces tienen un cometido específico, unifuncional, el papel del fiscal es plurifuncional, pues interviene a la vez en la investigación y en el enjuiciamiento". Martínez pide medios para acercar aún más la fiscalía a los ciudadanos. "De los 19 partidos judiciales, sólo tenemos sedes en Getafe, Leganés y Móstoles, y no existe paridad entre fiscales y juzgados, por lo que es imposible cubrir con dignidad y calidad todas nuestra obligaciones, salvo que se incremente la plantilla de la fiscalía".

Experto en Derecho de Extranjería, Martínez discrepa de quienes confunden "inmigración con delincuencia". "No es la nacionalidad, sino el hambre, lo que fuerza a los hombres a realizar aquello que no quieren, y es en el contexto de la inmigración donde se producen las mayores carencias sociales y, en consecuencia, el incremento de la delincuencia, de la que ellos son las primeras víctimas".

Opina Martínez que dentro de los inmigrantes sin documentación, "es preciso diferenciar entre el que trabaja y vive honradamente, cubriendo con su trabajo las carencias sociales, y aquellos otros, indeseables, que sencillamente son profesionales del delito. A los primeros", postula, "debe facilitárseles la residencia provisional, aunque hayan entrado ilegalmente, y para los segundos la respuesta penal debe ser contundente, y la expulsión si se trata de pequeña delincuencia".

Otro problema que preocupa a Martínez es la violencia doméstica. Para atajarla, explica, "no basta con los juicios rápidos, es preciso incidir en las causas sociales que la provocan". Cree que no ayuda nada a solucionar este problema el hecho de que los juzgados de familia de Madrid, atestados de trabajo, "tarden siete meses en dictar las medidas provisionales" a las parejas que deciden separarse. Martínez postula que, para los casos de cónyuges que se nieguen a pagar la pensión, la Comunidad de Madrid "cree un fondo de pensiones" y sea ella misma la que, a través de sus servicios jurídicos o los de la fiscalía, se encargue de actuar luego contra el cónyuge moroso. A su juicio, aumentar las penas contra los cónyuges deudores "no soluciona el problema y no es más que una prisión por deudas", lo que suele generar "multiples conflictos, humillaciones y situaciones de violencia a las que se ve sometida la mujer".

-¿Qué opina de la limitación temporal del cargo de fiscal jefe?

-El carácter vitalicio de los cargos es una rémora sin sentido. Ahora existe un temor a que se utilice la posibilidad de destitución para alejar a determinados fiscales jefes de material sensible para el Gobierno o para el partido que lo sostiene. Esto se debe a dos cosas: primero, al peculiar momento político que atravesamos, con un fiscal general [Jesús Cardenal] que ha demostrado una profunda simbiosis con el Gobierno; y, por otra parte, a que el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal no establece garantías para que un futuro fiscal general pueda ser imparcial: habría que fijar un plazo dentro del cual no pueda ser cesado por el Gobierno, sino por causas tasadas".