El PSOE recurre la Ley Financiera por el excesivo control de las cajas

El PSOE recurrió ayer la Ley Financiera ante el Tribunal Constitucional por considerar que el Gobierno central invade competencias de las comunidades autónomas en el funcionamiento de las cajas de ahorros. Los socialistas se oponen al "trato privilegiado" que la norma da a las cajas fundadas por la Iglesia católica; rechazan que se reduzca la representación política en estas entidades y la edad de jubilación de los consejeros.

Las discrepancias entre Gobierno y oposición sobre la Ley Financiera aprobada en noviembre de 2002 llegaron ayer a su punto álgido con la presentación por parte del PSOE de un recurso de inconstitucionalidad contra ese texto. El principal partido de la oposición y el Ejecutivo invirtieron muchas horas el año pasado para intentar acordar un texto común, que finalmente salió adelante con el apoyo de CiU.

Al PSOE le molestó el modo como quedaron reguladas las cajas de ahorros, que representan ya la mitad del sector financiero en España. Especialmente a raíz del caso de Cajasur, la entidad cordobesa fundada por la Iglesia católica que, gracias a ese origen eclesiástico podrá desligarse de la tutela de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, y acogerse al Ministerio de Economía.

El recurso socialista sigue el modelo de los ya presentados por la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz ante el Constitucional a principios de este año. Como los anteriores, el de ayer se basa en que la Ley Financiera atribuye al Estado competencias autonómicas y vulnera por tanto el artículo 149.1.11 de la Constitución. Éstos son los principales motivos esgrimidos por el PSOE:

- Privilegios eclesiásticos. La Ley Financiera establece que las cajas fundadas por la Iglesia católica pueden acogerse a la tutela del Ministerio de Economía, en lugar de estar ligadas a su comunidad autónoma, como corresponde al resto. El motivo radica en los acuerdos entre España y la Santa Sede firmados en 1979, que atribuyen a la Iglesia y al Estado la capacidad de establecer bases de cooperación en sus actividades de beneficencia o asistencia. El PSOE argumenta que la actividad de una caja es financiera, no benéfica, por lo que no puede ampararse en este acuerdo para esa excepción.

El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, que no explicó ninguno de los argumentos jurídicos en que se basaba el recurso, interpreta este artículo de la Ley Financiera como el deseo de que "Cajasur siga gobernada por el PP".

- Más representación privada. El PSOE teme que la nueva legislación abra las puertas a la privatización de las cajas, ya que limita al 50% la representación de entidades públicas en los órganos de gobierno. Aunque Caldera se mostró contrario a este límite, el recurso admite que es constitucional fijar un tope a la representación pública. Lo que se pone en duda es que deba ser el Gobierno central quien establezca un límite a esa participación, en lugar de que sean las comunidades las que lo fijen para su territorio.

- LÍmite de edad. Lo mismo ocurre con la edad máxima que la Ley Financiera establece para sus consejeros, que no podrá superar los 70 años en el momento de su nombramiento. El recurso no entra a discutir si esta limitación es conveniente, sino que destaca la incoherencia que supone establecer ese precepto como norma básica (aplicable a todo el Estado) para luego añadir que las comunidades podrán modificarlo. La redacción de la norma es "contradictoria en sus propios términos", según explica el recurso socialista. Jesús Caldera añadió que la salvedad sólo se estableció para que CiU apoyara la ley, al dar la potestad a la Generalitat de Cataluña, gobernada por ese partido, de fijar la edad de jubilación de los consejeros en las cajas catalanas.

El recurso también impugna la limitación de mandatos a los consejeros, que no podrán ocupar su cargo más de 12 años. El texto argumenta que el Constitucional ha rechazado otras veces limitar las reelecciones.