La Generalitat paga a los acreedores la mitad de las deudas del caso Ivex

La Generalitat ha llegado a un acuerdo con tres de los cuatro bancos que reclaman siete millones de euros al Instituto Valenciano de la Exportación a raíz del impago de una serie de letras avaladas por José María Tabares, ex director general de la entidad. La Generalitat ha pagado la mitad de la deuda al BBVA, BSCH y HSBC y ha invitado a los tres bancos a sumarse al pleito abierto por la vía penal contra Tabares para intentar recuperar el resto del dinero. La cuarta entidad implicada, el Fortis Bank, no se ha sumado al acuerdo y reclama al Ivex el total de su deuda.

Una alta fuente de la Generalitat explicó ayer que el acuerdo supone "compartir el quebranto económico", cifrado en torno a siete millones de euros, con los cuatro bancos acreedores. A cambio, las entidades financieras renunciarían a mantener vivas las reclamaciones abiertas contra el Ivex por la vía civil para incorporarse en bloque a la causa penal impulsada por la propia Generalitat contra Tabares y el empresario francés Jean Luc Lagier.

El Ivex denunció al que había sido su director general por un supuesto delito societario en noviembre de 1999, apenas dos meses después de su cese. El caso se precipitó cuando varias entidades bancarias empezaron a reclamar la ejecución de una serie de letras avaladas por Tabares, cobradas por diversas sociedades de Lagier y vinculadas con una serie de operaciones que el Ivex aseguraba no haber autorizado.

En paralelo, cuatro bancos denunciaron al Ivex por impagos que sumaban siete millones de euros a través de la vía civil, el procedimiento habitual.

La misma fuente de la Generalitat asegura que el Ivex invitó a todos los bancos acreedores a sumarse a la causa penal contra Tabares. "Pedimos colaboración a los bancos, queríamos que estuvieran con nosotros, pero colaboraron muy poco, querían recuperar su dinero y optaron por demandar al Ivex", comenta.

Pero varias sentencias de la Audiencia Provincial complicaron la estrategia de las entidades financieras para recuperar el dinero. De acuerdo con la ley de Hacienda Pública de la Generalitat, el Ivex, como empresa pública, sólo puede prestar avales a otras empresas públicas, nunca a sociedades privadas.

Por lo tanto, la Audiencia Provincial sugería que los bancos acreedores debían actuar directamente contra Tabares o contras las sociedades de Lagier, que eran las que en su día habían descontado los efectos comerciales.

Dilaciones

De acuerdo con la versión de la Generalitat, "las sentencias civiles a favor del Ivex han obligado a los bancos a modificar su estrategia". Pero la posibilidad de incorporar a los acreedores al pleito penal contra Tabares a través del procedimiento habitual habría dilatado la causa en exceso. "Y cuánto más tarde el proceso más difícil será recuperar el dinero", explica el portavoz oficial.

El acuerdo con los bancos acreedores va acompañado de un pacto con el juez titular del caso para mantener vivo el procedimiento en curso contra Tabares y Lagier sin mayores dilaciones.

El portavoz de uno de los bancos implicados explica los términos del acuerdo: "Hemos cobrado la mitad del dinero y los intereses correspondientes y nos hemos incorporado a la vía penal para intentar recuperar el resto".

La misma fuente explica que otros dos bancos se han sumado al acuerdo mientras que un tercero, el Fortis Bank, mantiene viva una reclamación contra el Ivex por total de las cantidades avaladas por Tabares, que rondarían 1,3 millones de euros.

El portavoz de la Generalitat comenta que "la comunicación con una entidad que no tiene representación oficial en España se ha complicado", pero sugiere que la propuesta está abierta.

Según la misma fuente, la cooperación de los bancos, "que conocen a la perfección los movimientos" de la pelota de letras, será decisiva para aclarar "que el dinero se lo quedó Lagier".

De momento, la Generalitat ha desembolsado una cantidad en torno a tres millones de euros para apaciguar a los acreedores y afronta la posibilidad de que la próxima vista oral del caso Ivex se celebre semanas antes de las próximas elecciones autonómica, en plena campaña electoral.