¿Desidia o insensibilidad?

La muerte de siete inmigrantes magrebíes en la Comisaría de Málaga no puede tener un final más triste: unas balbuceantes explicaciones del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados y el inminente archivo de las diligencias penales. Ni siquiera parece que la muerte de esos inmigrantes haya servido para reforzar las medidas de seguridad en los calabozos policiales. El sábado pasado una mujer, española, quemaba una colchoneta en la comisaría de Torremolinos provocando heridas graves a uno de los detenidos, un nigeriano, y a dos policías.

Tras la muerte de los siete inmigrantes en Málaga asoman una serie de detalles que reflejan el modo rutinario en el que el Gobierno ejecuta su Ley de Extranjería y, además, desmiente muchos de los lugares comunes que el propio Gobierno ha puesto en circulación sobre el asunto.

Parece que lo importante es completar estadísticas de expulsiones, y, ante esta exigencia, todo vale. Sólo así se entiende que entre los que iban a ser expulsados al día siguiente del incendio se encontrara el guía de la expedición y autor del incendio, que debería de haber respondido penalmente en España por haber introducido a los inmigrantes. De su interrogatorio, la Policía podría, además, haber obtenido buena información sobre esas mafias del Estrecho que al Gobierno dicen preocuparle tanto.

Pero la Policía no se tomó ninguna molestia. Ni siquiera la rutinaria de fotografiar y fichar a los detenidos. Por eso, no supo que el guía pirómano, Ahmed Ahagan, tenía antecedentes por homicidio, robo con violencia y tenencia de drogas y tres órdenes de captura de juzgados de Ceuta, Manzanares y Ciudad Real.

Los muertos no hubieran sido siete si en vez de hacinar a los 17 detenidos en una misma celda, hubieran sido repartidos entre varias de las que se encontraban libres. Pero para eso hacía falta buena voluntad y sentido común. Lo importante, por lo visto, es engrosar la lista de expulsados, aunque se incluyan en ella a los que tienen aún cuentas pendientes con la justicia española, como era el caso de Ahagan.

Este caso, además, da una idea del funcionamiento de esas mafias que tanto preocupan a nuestro Gobierno. El grupo de inmigrantes, veinte en total, incluyendo a dos menores y una mujer que, afortunadamente para ellos, no fueron encerrados en la misma celda, no vino en patera, sino en un yate de lujo de bandera española y propiedad de un español. Tampoco salió de esas costas marroquíes que nuestro Gobierno considera insuficientemente vigiladas y en manos de las mafias, sino de Ceuta. Ceuta fue también el punto de cita de la expedición. A la espera de la salida para España, los inmigrantes eran encerrados en una casa de esa ciudad en la que, como animales, recibían alimentos una vez al día. Alguno estuvo en esas condiciones hasta dos semanas.

Este tipo de barbaridades ocurren en España y parece que nuestras autoridades no son lo bastante diligentes en la identificación de los culpables. Por lo que ha puesto al descubierto este caso, su prioridad es la de devolver lo antes posible a los inmigrantes y no meterse en más líos. Habría que preguntarse si es sólo desidia y torpeza o falta de sensibilidad hacia unos seres humanos que se juegan la vida para huir de la pobreza.