Veinticinco policías armados de la guarnición de Bilbao serán expulsados del cuerpo

Con esta serie de medidas que ha adoptado el director general de Seguridad, Mariano Nicolás, dentro del marco jurídico del Reglamento Orgánico de la Policía Armada, se cierra, en primera instancia, el caso de los incidentes del funeral de Basauri, en el curso del cual fueron gravemente insultados (con gritos de cobardes, asesinos y traidores) el general inspector de la Policía Armada y el gobernador civil de Vizcaya, y golpeado el vehículo oficial del primero de ellos. De los veinticinco policías armados arrestados desde el domingo en un cuartel militar de Burgos, a la espera del final de sus respectivos expedientes, trece de ellos serán expulsados del cuerpo (según un informe que está sobre la mesa del director general de Seguridad) «por haber destacado como alborotadores» y los doce restantes por haber abandonado el servicio o por no haberse presentado al mismo. Los 344 policías armados que serán trasladados fuera del País Vasco, en régimen de destino forzoso, son todos ellos casados y llevan más de un año de servicio en Euskadi. La medida fue justificada en fuentes de la Dirección General de Seguridad (a ojos de cualquier ciudadano podría ser una contradicción destinar forzosamente a policías del País Vasco fuera de él, cuando hasta ahora ha sido siempre al contrario) no como un castigo, sino como una medida tendente a aliviar el «angustioso estado anímico en que viven los policías armados y sus familias en el País Vasco», con independencia de que alguno de ellos pudiera haber participado en los incidentes. Otros observadores cualificados explicaron esta medida como beneficiosa para el Gobierno y una medida aprovechona, dado que en las últimas semanas los familiares de los policías armados, y en especial sus mujeres, habían protagonizado serios incidentes de orden público en Bilbao. De ahí el hecho de que todos los destinados forzosamente fuera de Euskadi sean casados y con más de, un año de servicio en el País Vasco. Esta medida, que indudablemente será bien acogida por los afectados y que crea un fuerte precedente, supondrá una merma económica para los mismos, toda vez que supondrá la no percepción del plus de peligrosidad que cobran los policías en el País Vasco, y que asciende a una cifra entre 10.000 y 20.000 pesetas mensuales, aproximadamente. Timón de Lara: medidas enérgicas Antes de que EL PAIS pudiese conseguir la información anterior, un redactor de este periódico se puso en contacto con el general inspector de la Policía Armada, Timón de Lara, quien afirmó que no podía dar ninguna información «porque el tema está sub judice en manos del juez militar, el capitán general de Burgos, general Sanjurjo, que es quien incoará los expedientes». «Se están tomando medidas disciplinarias con toda energía.» Al serle preguntado si realmente los incidentes habían sido muy graves, Timón de Lara respondió: «No se puede decir que hayan sido muy flojos. Mañana puede haber más información.» Los expedientes se están incoando por el siguiente curso: el director general de Seguridad ordenó inmediatamente al general Timón de Lara que se «abriera una investigación y que la mismia fructificase», según palabras del señor Nicolás. El general Timón de Lara abrió los expedientes anteriores y los trasladó, como es preceptivo, a la máxima autoridad militar de la región. Este, terminados los mismos, los devolverá al director general de Seguridad, quien tomará las decisiones. EL PAIS intentó, en vano, ponerse en contacto con el capitán. general de Burgos, general Sanjurjo e Carricarte. Mariano Nicolás negó ayer a EL PAIS la veracidad de una frase suya, pronunciada a raíz de los incidentes y que llegó a oídos de este periódico de una fuente muy solvente. Esta frase era: «Quiero un escarmiento ejemplar. Quiero que me busquen doce cabezas.» Mariano Nicolás declaró ayer a través de un portavoz, que lo que dijo, textualmente, fue: «Quiero una investigación y que ésta fructifique. Tengo la constancia de que aquí ha habido una docena de policías armados que no han sabido comportarse como tales. » La adopción de las medidas señaladas se iniciaron en el mismo cuartel de Basauri, inmediatamente después de los incidentes. Fue el propio director general quien convocó una reunión urgente, a la que asistieron además del gobernador civil de Vizcaya (responsable directo de la Policía en la provincia), el general inspector y jefes y oficiales del Cuerpo. En esta reunión, estos últimos pusieron de maniflesto al señor Nicolás que la causa presumible de los incidentes era el grave estado anímico en que viven los policías y sus familiares. Esto motivó al director general para ordenar los traslados forzosos. En esa reunión se concluyó que habían sido los familiares de los policías quienes habían incurrido en los incidéntes más graves y quienes habían iniciado los insultos y los intentos de agresión, en espjecial las mujeres de aquéllos, «con independencia de que ha habido veinticinco policías que no se han comportado como tales», consta en el informe del señor Nicolás.