El PSOE pide cuatro años de cárcel para el edil de Urbanismo de Málaga

La acusación particular que ejerce el PSOE ha solicitado que el concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Ramos, sea también condenado por un presunto delito de tráfico de influencia y no sólo por infidelidad en la custodia de documento por la que le acusa el fiscal, y reclama una pena total de cuatro años de prisión. Por el contrario, rebaja su petición para el funcionario acusado en el mismo proceso.

Manuel Ramos será procesado por haber ocultado y retenido distintos oficios que el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga envió entre enero y mayo de 1999 al Ayuntamiento en los que ordenaba un embargo de la nómina del edil. Ramos, que no fue concejal hasta las elecciones de junio de 1999, era entonces director del área de Bienestar Social, departamento que recibió los mandamientos judiciales, y su nómina ya estaba embargada por hasta tres resoluciones de asuntos distintos.

El asunto salió a relucir porque meses después, en septiembre de 1999, el juzgado volvió a enviar un nuevo requerimiento de embargo, pero esta vez al departamento de personal, que le contestó que hasta ese momento no había tenido noticias de ninguna orden anterior.

El PSOE puso por ello una denuncia en la que acusaba a Ramos de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público. Después de más de dos años de instrucción judicial, la fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral, que deberá celebrarse con jurado, y pide que tanto Ramos como el que funcionario que fuera jefe de servicio del área de Bienestar Social José Enrique Vega, sean condenados a 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para cargo público.

Pero en el escrito de acusación, el PSOE pide ahora también que Ramos sea procesado por un presunto delito de tráfico de influencias. La acusación socialista reclama un año de prisión por este motivo y otros tres años más por el presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público. Sin embargo, la acusación particular pide para el funcionario un año de prisión, seis meses menos que el fiscal, y únicamente le imputa infidelidad en la custodia de documento.

Por otro lado, tanto PSOE como IU, que estaban personados como acusación particular en el caso Limasa han presentado un recurso contra la decisión del juez de archivar este asunto por no encontrar indicios de delitos. En este procedimiento estaban imputados, entre otros, la concejal de Cultura, Ana Rico, porque durante su etapa al frente de la concejalía de Medio Ambiente firmó una certificación de obras por la que la empresa de limpieza Limasa cobró 40 millones de pesetas por la construcción de una conducción de riego que no se había realizado. La obra se ejecutó siete meses después de pagada y cuando el asunto ya había trascendido a la opinión pública.