RTVV gasta cerca de 601.012 euros por despidos improcedentes

RTVV acumula alrededor de 40 sentencias en los últimos cinco años por despidos improcedentes y contratación en fraude de ley que le han costado al ente público cerca de 601.012 euros (unos 100 millones de euros). La mayoría de los despidos se comunican a la finalización de contratos que después la justicia rechaza porque, entre otras cosas, no amparaban dentro del marco legal el trabajo que se venía realizando.

Se han ido sucediendo en forma de goteo desde 1997. Fue entonces cuando la justicia declaró improcedente el despido de una redactora de Radio 9 porque la contratación había incurrido en fraude de ley, es decir se aplicaba un contrato por obra cuando, después de siete años en el ente, se demostraba que el trabajo realizado en nada se ajustaba a las exigencias de un contrato de esas características. El propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se pronunció tras el recurso que presentó la empresa pública. En su fallo, entre otras cosas, señaló: "El cese se produce después de sucesivas prórrogas del contrato inicial, tras haber visto cambiada la prestación de servicios dentro del mismo contrato a distintas áreas como productora, subdirectora, coordinadora, es por ello que las sucesivas contrataciones en las que la actora siguió desempeñando los mismos cometidos devienen en un fraude de ley".

Lejos de suponer aquel fallo una corrección de la política de contratación, se repitieron los despidos de forma mimética y en el mismo sentido la respuesta de los tribunales. Cinco años después de aquella sentencia, el pasado 23 de diciembre, el juzgado Lo Social número 12, volvía a insistir en el fraude de ley en la contratación de personal de RTVV. "Ha quedado constatado el carácter permanente de la necesidad que el empleador cubre mediante conceptos temporales, así como que la celebración de contratos en cadena deviene de una relación de carácter indefinido, se ha producido una continua irregularidad en los contratos encadenados". En el mismo sentido se han pronunciado los magistrados de los juzgados 13 y 15. Y el pasado mes de enero se produjeron al menos otros tres pronunciamientos en el mismo sentido, que ha costado ya a los ciudadanos alrededor de 601.012 euros.

El mecanismo que en estos años, hasta al menos en 40 casos que han llegado a los tribunales, es el cese a la finalización del contrato con el argumento de que la obra por la que se contrató acabó o bien que la plaza en la que se trabaja va a ser ocupada por una persona procedente del concurso de oposiciones. En esta segunda modalidad, la justicia también ha rechazado los argumentos de RTVV al demostrar que dichas plazas o no eran cubiertas o lo eran por personas contratadas nuevamente con la modalidad en fraude de ley.

Pero la práctica sigue, de hecho, según fuentes consultadas, después de las oposiciones del pasado verano, Canal 9 ha rescindido unos 40 contratos pero ha suscrito cerca de un centenar nuevos que podrían incurrir en fraude de ley. De las cerca de 40 rescisiones, siete han ido a los tribunales y cinco ya han sido nuevamente ganadas por los trabajadores por fraude de ley de la cadena pública autonómica.

RTVV se encuentra en el grupo de empresas públicas con una tasa de temporalidad superior al 20%, mientras las cifras del pasado año sobre el sector privado sitúan la temporalidad en el 9%.