La Junta recurrirá la decisión de Rato de aceptar la acreditación de Cajasur como caja de la Iglesia

La Junta ha dado el primer paso para recurrir la decisión del Ministerio de Economía de acreditar a Cajasur como caja fundada por la Iglesia católica. La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, ha firmado la orden para que los servicios jurídicos de la Junta presenten un recurso contra la negativa del ministerio que dirige Rodrigo Rato de revocar esta acreditación, que fue formalizada el pasado 2 de diciembre y que permitió a la caja que preside el sacerdote Miguel Castillejo acogerse a la Ley Financiera y escapar parcialmente de la tutela de la Junta.

El Gobierno andaluz va a fundamentar la batalla judicial para evitar la fuga de Cajasur sobre tres piezas. La primera, una demanda civil, que fue presentada a mediados de enero, contra la Asamblea General de Cajasur que aprobó los nuevos estatutos de la caja, que están siendo analizados por el Ministerio de Economía.

En esta demanda, la Junta pidió tanto la anulación del acuerdo de la asamblea como de los propios estatutos, que privilegian aún más el peso de la Iglesia católica en la entidad, especialmente en el Consejo de Administración, en el que tendrá un 50% de representantes frente al 35% actual.

La segunda pieza es un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Financiera, que ha sido la llave que ha permitido que Cajasur se desvincule parcialmente de la comunidad ya que la aprobación de sus estatutos y de la obra social pasa a manos del Ministerio de Economía. El Gobierno andaluz tiene previsto presentar este nuevo recurso en los próximos días, recurso que ya ha sido presentado por el Parlamento autonómico.

Presentación apresurada

Y la tercera pieza es el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ministerio de Economía de acreditar a Cajasur como caja fundada por la Iglesia. La entidad presidida por Castillejo se apresuró a presentar esta acreditación, que fue trasladada al Ministerio de Economía el 27 de noviembre, cinco días después de que la Ley Financiera entrase en vigor. El ministerio que dirige Rodrigo Rato también se dio prisa al aceptar esta acreditación, que fue confirmada el 2 de diciembre.

El 20 de diciembre, la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, se dirigió a Rato para solicitarle que revocara el acto administrativo de dar por "acreditado ante dicho ministerio la fundación directa de la caja de ahorros y monte de piedad de Córdoba por una entidad de derecho público de la Iglesia".

Pasado un mes sin que el Ministerio de Economía haya respondido a este requerimiento, la Junta entiende, conforme a la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que Rato ha rechazado la petición del Gobierno andaluz.El siguiente trámite, el que ha dato Álvarez ahora, es autorizar a los servicios jurídicos de la Junta a impugnar la acreditación.

El Gobierno andaluz entiende que la Diputación de Córdoba es tan fundadora de Cajasur como la Iglesia católica y que así está establecido en la Ley de Cajas autonómica en un precepto que no fue recurrido por el Gobierno central. Pese a lo establecido en la ley autonómica, la actual dirección de la caja niega que la Diputación de Córdoba, gobernada por el PSOE, sea cofundadora de Cajasur y considera que sus derechos se extinguieron tras la fusión de las cajas fundadas por ambas instituciones, que se produjo en 1995.

Para equiparar los derechos de ambas instituciones, el Gobierno andaluz incluyó en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2003 una disposición en la que se regulaba que para que Cajasur se acogiese a la Ley Financiera ésta necesitaba el acuerdo de todos los fundadores, medida que perseguía bloquear que la Junta perdiese la tutela sobre la caja cordobesa.

El Gobierno central anunció el pasado viernes un recurso de inconstitucionalidad contra esta disposición con el argumento de que no está recogida en la ley estatal sobre las cajas de ahorro. El Gobierno anunció que pedirá al Constitucional que anule cautelarmente esta disposición.