El Gobierno expulsa a 36 inmigrantes rumanos en un vuelo chárter que despegó de Sevilla

La Delegación del Gobierno emitió ayer un comunicado en el que informaba de la expulsión de 36 ciudadanos rumanos a bordo de un vuelo chárter que despegó pasadas las once de la mañana del aeropuerto de Sevilla. Estas personas residían en el asentamiento chabolista ubicado bajo un puente de la autovía entre Sevilla y Huelva y que la policía desalojó en dos ocasiones: el 14 de enero y el pasado lunes. Según el comunicado, diez personas de entre las 131 detenidas en enero ya fueron expulsadas de España el 20 de ese mismo mes y otras dos el pasado martes.

Las personas expulsadas ayer formaban parte de las familias a las que se les abrió expediente tras el operativo del 14 de enero pero que no se ejecutó al carecer los centros de internamiento de instalaciones adecuadas para albergar menores. El Gobierno les dejó en libertad mientras preparaba la manera de expulsarles sin tener que internarles. Así, estas personas fueron detenidas el lunes y en la mañana de ayer ya volaban con destino a su país en un avión que tenía previsto recoger a otros compatriotas suyos en el aeropuerto de Barcelona o en el de Zaragoza.

Además de estas 36 personas, el pasado lunes fueron detenidas otras cinco que, según la Delegación del Gobierno, se instalaron en el asentamiento con posterioridad al desalojo del 14 de enero. Estos cinco ciudadanos rumanos fueron trasladados al centro de internamiento de extranjeros de Málaga como paso previo a su expulsión definitiva.

La llegada al poblado chabolista de estas personas en situación irregular -más la de otras 27 con sus papeles en regla- tras el desalojo de enero ha motivado un enfrentamiento entre la Delegación del Gobierno y la Junta de Andalucía. Los primeros acusan al Ejecutivo autonómico de no haber actuado con la celeridad suficiente en el derribo del poblado y, por su parte, la Junta se queja de que la policía no sellara a adecuadamente el asentamiento.

Con todo, las cifras ofrecidas ayer por el Gobierno siguen siendo incompletas ya que, por ejemplo, no se específica el número de menores expulsados. Así, el único dato concreto ofrecido es que de los 131 detenidos en enero, 48 ya han sido expulsados de territorio español.