Esperar sin alarmismos

Justificar que alguien espere para recibir asistencia sanitaria es una tarea que políticamente resulta difícil de asumir.

Días pasados el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hacía públicos los datos de espera quirúrgica en nuestra Comunidad, situando la demora media en nuestros hospitales públicos en 62 días.

¿Es este un dato alarmante?. Lo sería, evidentemente, para quien ingresase en un centro sanitario aquejado de una dolencia quirúrgica grave, que por razones obvias necesitase de un tratamiento de urgencia.

Sin embargo, hay que decir que, afortunadamente, aún soportando carencias de personal, material e infraestructuras, nuestros hospitales públicos atienden con inmediatez a este tipo de enfermos, contando para ello con un personal sanitario altamente cualificado.

Alarmante, también, para quienes no sufriendo un riesgo inmediato sus vidas, sí verían estas limitadas en función de la rapidez con la que se afronte quirúrgicamente su enfermedad.

Mi experiencia hospitalaria me indica que este tipo de enfermos, muchos de ellos oncológicos, reciben una asistencia asímismo adecuada.

Preocupante lo es el dato para quienes sin estar incluidos en los parámetros anteriores, deben soportar importantes limitaciones de carácter laboral, social, familiar o personal por el hecho de no ver resuelto quirúrgicamente un proceso que en muchos casos les invalida para la realización de ese tipo de actividades o simplemente les produce efectos perversos en su propio estado físico o emocional.

Molesto es el dato, por último, para aquellos otros que pudiendo dilatar en el tiempo una intervención quirúrgica que podríamos denominar como menor, han tomado la decisión de someterse a ella.

Por tanto, el dato, como todos los datos, tiene siempre un valor relativo, máxime en este caso cuando la subjetividad está muy presente en el enfermo, que es fundamentalmente el que sufre las consecuencias de toda demora de asistencia.

Mucho más interesante me parecen los datos, que desconozco o no se hacen públicos, referentes al espacio de tiempo que transcurre entre que un enfermo asiste a su médico de cabecera y recibe el alta médica en un servicio clínico o quirúrgico, teniendo en cuenta, evidentemente, la cualidad de cada proceso patológico y de aquellos factores externos al Sistema que pudieran influir en el mismo.

Lo cierto es que si observamos objetivamente las cifras de demora que ofrecen los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas -ya todas con la gestión sanitaria transferida-, veremos que los datos no difieren sustancialmente de unas a otras, con variaciones debidas más a las disponibilidades de camas y medios humanos que a modelos de gestión, todos ellos muy parecidos entre sí.

Ello no puede representar, en ningún caso, un sedante con el que adormecer una conciencia política que debe mantenerse despierta ante un evidente déficit que se debe corregir.

Pero tampoco puede llevarnos a un alarmismo que nos sirva de vehículo de agresión hacia los responsables políticos de nuestro Sistema Nacional de Salud.

No resulta en modo alguno fácil rebajar sustancialmente las demoras quirúrgicas, si bien no es menos cierto que en los últimos años se ha producido avances importantes en el SAS, como en otros servicios de Salud gestionados por fuerzas políticas de distinto signo, no sólo en el sentido de reducir estas cifras, sino de ofrecer garantías adicionales que permitan al ciudadano ser atendido en la sanidad privada, sin coste adicional alguno, en el caso de no poderlo ser en la pública.

No olvidemos que el dimensionamiento de las infraestructuras sanitarias debe hacerse desde la racionalidad, nunca desde el electoralismo, ajustándose para ello a los condicionantes que imponen unos recursos sanitarios limitados.

Se está innovando en los procedimientos de gestión, para hacer frente a los parámetros de eficacia y eficiencia que deben estar presentes en todo Servicio de Salud; se ha afrontado, con resultados no siempre satisfactorios, una política farmacéutica que lleve el gasto a cifras más asequibles; se ponen en práctica, tímidamente es cierto, campañas preventivas e informativas que dilaten o mitiguen la aparición de enfermedades en la población; y queda avanzar aún mucho más en políticas de personal que mejoren el grado de motivación del mismo y sus condiciones laborales y salariales.

Todo ello con el objetivo de garantizar la solidaridad de un sistema que debe serlo con el enfermo -con cada tipo de enfermo, en función de sus necesidades-, con el profesional y con la sociedad en general de la que se nutre.

Lo que aún no llego a entender es a quien se le ocurriría la "brillante" idea de sugerirle al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que su compromiso electoral en el 2000 se centrase, en materia sanitaria, en prometer que nuestros hospitales públicos sólo tendrían habitaciones con una cama.

Imaginense, si ello fuera así, qué niveles alcanzarían ahora las cifras de la lista de espera quirúrgica.

Enrique Bellido Muñoz es senador y ex presidente de la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta