Prisiones trasladó a más de 18.000 presos por la saturación de cárceles

Más de 18.000 presos fueron trasladados en 2002 desde las saturadas prisiones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias a penales de otras regiones con menos ocupación, fundamentalmente de Castilla y León. La saturación, previa a todas las reformas para combatir la delincuencia, se produjo en las cuatro comunidades con más altos índices de criminalidad y es en ellas donde el Gobierno va a construir cuatro nuevos centros y a ampliar otro.

La presión de la criminalidad -especialmente de grupos de delincuencia organizada, de drogas y de tráfico de inmigrantes-, la fuerte densidad demográfica y la condición de comunidades fronterizas han provocado la saturación de los presidios de Madrid, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, ésta con Administración penitenciaria propia y que apenas ha modernizado sus centros carcelarios desde que recibió las competencias.

Esas cinco regiones reúnen en sus centros a casi 34.000 reclusos de los casi 52.000 que cumplen condena o esperan juicio entre rejas, según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. España soporta en la actualidad la mayor presión penitenciaria de su historia, exceptuado el periodo de la posguerra civil, con casi 52.000 presos en enero, una cifra que estuvo a punto de ser superada pero que disminuyó a finales de año gracias a la bajada estacional en la población reclusa que suele producirse en Navidades, y en verano.

Los traslados han aliviado la presión, pero el volumen del movimiento de presos da una idea de la magnitud del problema, originado principalmente en las provincias de Cádiz, Málaga, Valencia, Castellón, Lanzarote y Madrid. Un total de 8.370 internos fueron trasladados desde prisiones de Andalucía; 5.633 desde las de Madrid; otros 2.736 desde las cárceles de la Comunidad Valenciana y Murcia, y otros 1.569 desde las de Canarias, las que más problemas presentan. En total, 18.308 presos desplazados, según datos del Ministerio del Interior.

El mayor número de presos acabó en prisiones de Castilla y León (donde hoy están internados 4.810 presos), una región con menores índices de ocupación y criminalidad y donde el plan de construcción de centros de 1991 levantó el mayor número de cárceles. Incluso se desestimó construir un presidio que estaba proyectado en Burgos.

Los cambios, fundamentalmente de presos ya condenados porque los preventivos no los mueven para estar cerca de los juzgados que actúan contra ellos, se han efectuado también hacia prisiones gallegas, castellano-manchegas y extremeñas. "Los traslados explican por qué hay tantos presos extranjeros en prisiones como Topas (Salamanca), una zona donde no hay mucha delincuencia extranjera, o en la de Dueñas", indican fuentes de la dirección de Instituciones Penitenciarias.

Más tiempo en prisión

El aumento de la población penitenciaria ha sido paralelo al de la delincuencia, por lo que el anunciado combate de la criminalidad previsiblemente incrementará la población reclusa. Si funcionan las reformas legales que anuncia el Gobierno -el alargamiento de penas, los juicios rápidos y el combate contra las nuevas formas de delinquir-, no sólo habrá más presos sino que, además estarán más tiempo entre rejas y con menos posibilidades de redención. Así, Interior seguirá soportando el problema, pero la presión se trasladará desde los responsables de seguridad a los penitenciarios.

Por eso, el Gobierno ha decidido invertir 130,8 millones de euros en la construcción de centros en las comunidades con más problemas de saturación y delincuencia. "Valorando las previsiones de la población penitenciaria para los próximos años, estamos gestionando una modificación del plan de infraestructuras para construir cuatro nuevos centros en aquellas zonas de mayor demanda de plazas: una en Madrid, otra en Levante y dos en Andalucía", anunció el ministro del Interior, Ángel Acebes en el Congreso de los Diputados. El pasado viernes, el Gobierno aprobó la partida presupuestaria que incluye la ampliación en 75 plazas del penal de Arrecife (Lanzarote). Cada penal será de los llamados centro-tipo, con 1.008 plazas "residenciales" y otras casi 500 en enfermería, ingresos y otros departamentos. El plan, cuando esté terminado, aumentará en 5.000 el número de celdas.

El nuevo problema es qué va a pasar mientras se construyen las nuevas cárceles, cuya fecha de finalización prevista es 2007. La media de ocupación es ahora del 106% (los sindicatos de prisiones hablan de hasta el 150%) y aunque se han abierto 30 módulos nuevos, los últimos en León, si sigue el actual ritmo de incremento de la población penitenciaria la situación se volverá a complicar. El aumento neto de la población reclusa el año pasado fue de 4.179 presos en los centros dependientes de Interior.