La Junta rechaza una propuesta de ley del PP sobre inclusión social

El Gobierno andaluz ha manifestado su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley de Inclusión Social presentada por el Grupo Popular por considerar que se basa en un "planteamiento parcial" que no promueve una "línea de acción pública integral" en esta materia.

En una resolución aprobada el 17 de diciembre del año pasado por el Consejo de Gobierno, la Junta rechaza la propuesta del Partido Popular argumentando que "tiene un carácter muy restringido y carece de amplitud jurídico-administrativa suficiente para poder conceptuarla como Ley de Inclusión Social a tenor de las directrices de la Unión Europea que aborda esta materia desde políticas intersectoriales que vinculen a todo el Estado del Bienestar, como empleo, educación o servicios sociales".

De hecho, según expone el Ejecutivo andaluz, la proposición de ley que presentó el PP andaluz no va más allá de "una elevación a rango legal de la renta mínima (ingreso mínimo de inserción) con una serie de acompañamientos tales como el convenio de inserción y las ayudas de emergencia social, institutos que ya aparecen en la normativa actual del programa de solidaridad".

Frente al "planteamiento parcial" que a su juicio supone la iniciativa del Partido Popular, la Junta de Andalucía asegura en su resolución que "promueve una línea de acción pública integral que tiende a garantizar el ejercicio individual de los derechos constitucionales como el instrumento más idóneo para la integración y participación de todas las personas en la sociedad", de forma que "no sólo se prevén prestaciones de carácter económico, sino también medidas de atención educativa, sanitaria, laboral o social, conformando un sistema personalizado de atención de las circunstancias concurrentes en cada caso".

Derechos

En este sentido, la Consejería de Asuntos Sociales, dirigida por Isaías Pérez Saldaña, asegura que está elaborando un anteproyecto de Ley de Inclusión Social, que afronta este fenómeno desde una visión integral a través del ejercicio efectivo de los derechos constitucionales.

De hecho, este departamento tiene previsto iniciar su tramitación formal, una vez realizados los estudios previos, durante el primer trimestre del año para su posterior remisión al Parlamento andaluz como proyecto de ley.