Cincuentones no, gracias

Las grandes empresas expulsaron prematuramente del mercado laboral a 20.000 trabajadores durante 2002. Se trata de empleados con más de 50 años de edad cuya experiencia profesional no se considera rentable y los últimos protagonistas de un viejo mecanismo utilizado por las empresas para reducir plantilla o para renovarla con jóvenes fichados con menor salario.

Los planes de retiro anticipado más extensos son los de Hunosa, que afecta a 2.800 empleados, Iberia, SCH, Endesa, Renfe y BBVA

La banca y las cajas tienen su propio modelo, ya que no trasladan al Inem una parte de la cobertura de los expulsados

Son cifras que no aparecen en ninguna estadística y una realidad social (o un problema) que tampoco tiene reconocimiento en las leyes españolas. Los datos de los planes de ajuste aplicados en las grandes empresas no incluyen un goteo continuo de prejubilaciones que se produjeron en otras compañías mediante despidos individuales. Estimaciones aproximadas realizadas por el Ministerio de Trabajo y por el Consejo Económico y Social (CES) indican que, cada año, entre 60.000 y 70.000 trabajadores se acogen a distintos planes de prejubilación.

Sólo una parte de ellos, los que pertenecen a grandes empresas que no están inmersas en una situación de crisis o que proceden del sector público, cuentan con unos ingresos garantizados hasta la jubilación. Se trata de una cifra cercana a los 20.000 trabajadores, según los datos facilitados por las federaciones de UGT, recopilados empresa a empresa.

Estos prejubilados se marchan con la garantía de recibir indemnizaciones equivalentes a buena parte del salario neto que cobraban en activo, y que oscila entre el 72%, como en el caso de la compañía Flex, y el 90% de los ingresos que percibían, pactado en Duo-Fast. En las empresas Enertec y Tecno-Auto las indemnizaciones llegan del 90% hasta el 100%.

Los planes de retiro anticipado a partir de los 50 años más extensos son los que se han aplicado en Hunosa (2.800 trabajadores), Iberia (2.516), BSCH (2.100), Endesa (2.000), Renfe (1.536), BBVA (1.350) y Alcatel (1.200 empleados).

El proceso es plurianual en la compañía Endesa, que tiene previsto aplicar un plan entre los años 1998 y 2006 con la marcha de 12.500 trabajadores en total y de forma que la plantilla quede compuesta por 12.500 personas. También existe un programa para varios años en la compañía minera Hunosa, que se extenderá entre 2002 y 2005, y es la empresa que más prejubilaciones (2.800) ha aplicado a lo largo del año pasado.

Los datos reunidos por UGT indican que esas grandes empresas tienen pactado un convenio especial con la Seguridad Social para mantener las cotizaciones hasta los 61 o 63 años, y a esa edad los afectados pasan a la jubilación anticipada sin sufrir merma en su pensión. Iberia es una excepción y enlazan con el retiro a los 65 años.

Una tendencia que se está produciendo en las empresas del metal es que combinan la jubilación a tiempo parcial con contratos de relevo. Esta fórmula es más aceptable para los sindicatos. Jesús Pérez, secretario confederal de UGT, subraya que es "más respetuosa con el empleo, ya que supone un mantenimiento de los puestos de trabajo, mientras que la prejubilación es un mero ajuste de plantilla por una vía no traumática".

Las empresas que tienen previsto combinar prejubilaciones o jubilaciones a tiempo parcial con contratos de relevo para jóvenes son Michelin, Balay, Opel, Seat, Mercedes Benz, CAF, Repsol, los astilleros públicos y privados, Aceralia, Sidenor y Alcoia.

Las prejubilaciones en banca y cajas de ahorro tienen su propio modelo y no trasladan a las arcas del Inem, como otras empresas, una parte de la cobertura económica de los trabajadores expulsados. Este sector ha gastado 2.400 millones de euros (400.000 millones de pesetas) desde 1998 en este ajuste de personal, unos fondos que carga contra reservas por indicación del Banco de España. Estos empleados del sector financiero no son despedidos. Su contrato está suspendido, no tienen actividad laboral y reciben una renta periódica hasta la jubilación.

Además de esas dos vías, cada año se produce un goteo de salidas de trabajadores mayores de 50 años en otras empresas. Una expulsión aplicada a través de despidos individuales, en algunos casos compensados con indemnizaciones costeadas por las empresas; en otros, sin más cobertura que las prestaciones de paro del Inem, y con más dificultades que el resto de desempleados para encontrar un nuevo puesto de trabajo, debido a su edad avanzada.

En relación al impacto de este proceso de expulsión de trabajadores, no existen cifras oficiales. Una aproximación a esa realidad se puede encontrar en la relación de parados con más de 55 años de edad que cobran el subsidio indefinido hasta llegar a la jubilación anticipada a los 60 años. En estos momentos se encuentran en esa situación 126.400 desempleados con prestación asistencial y que ya han agotado la contributiva.

Una parte de ese colectivo, constituido por los trabajadores que no perciben rentas compensatorias de sus empresas, son los que sufren todos los efectos negativos de las prejubilaciones y ninguna de sus ventajas. Para UGT, la solución pasa por reconocer esta figura en las leyes españolas como una contingencia susceptible de protección por la Seguridad Social; no aprobar las regulaciones de empleo basadas en razones de edad y sin causas objetivas; penalizar a las empresas que expulsan prematuramente a trabajadores de su plantilla; mejorar el tratamiento fiscal de las indemnizaciones y el acceso para los prejubilados a las ayudas para mayores de 65 años como las bonificaciones en el transporte, el acceso a balnearios y el carné de jubilado.

Cuando todos los organismos internacionales, la Unión Europea, los expertos y el propio Gobierno demandan que se retrase la edad de jubilación, esta central considera un contrasentido no aceptable que las empresas se deshagan de sus trabajadores con más experiencia.

Dolores Liceras, secretaria de Empleo de CC OO, cree que esa expulsión de trabajadores esconde situaciones muy diferentes: "Los prejubilados son los que se marchan con un plan de rentas y un convenio con la Seguridad Social, y los que salen de pequeñas empresas son despedidos con la única cobertura del subsidio para mayores de 52 años".

Pese a esa crítica, las centrales sindicales transigen con ese mecanismo como un mal menor para los ajustes de plantilla, aunque la responsabilidad primera corresponde a decisiones de las empresas y, en segundo lugar, al Ministerio de Trabajo, que aprueba los expedientes de regulación de empleo sin que existan causas económicas. Jesús Pérez asegura que "es hipócrita y cínico decir que hay que retrasar la edad de jubilación y paralelamente aprobar esos expedientes".