Informes del caso FARA reflejan la falta de control de las subvenciones

La instrucción del caso FARA -en el que se investiga la supuesta malversación de ayudas públicas por parte de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía- no sólo empieza a confirmar la presunta existencia de este delito, sino que pone en tela de juicio el control de las administraciones sobre las subvenciones concedidas. Se estima que de 1997 a 2001 la federación desvió 1.803.000 euros.

Los informes periciales y policiales en poder del juzgado de instrucción número 7 que tramita las diligencias ponen en entredicho el control de las subvenciones por parte de las instituciones públicas una vez concedidas. Como dato anecdótico, el informe pericial recoge una factura de dos broches de oro -por una cantidad no cuantificada- entre los documentos aportados por FARA para justificar una ayuda dada en 1997 por la Consejería de Asuntos Sociales para el mantenimiento de la entidad.

El análisis del perito desvela que la Consejería de Asuntos Sociales solicitó el reintegro de una ayuda de 12.020 euros que FARA destinó a otros fines, pero que lo hizo ocho días después de que estallara el caso. Algo similar a lo que, según el informe policial, ocurrió con la Diputación de Málaga, que pidió la devolución de la ayuda siete semanas después de que fueran detenidos, entre otros, el presidente, el secretario, el tesorero y un asesor de la federación, imputados en la causa.

La documentación que maneja el juzgado precisa que el programa Veda Kali para la edición de una revista estuvo subvencionado en 1999 por Asuntos Sociales con 12.020 euros. El 3 de marzo de 2000, el presidente de FARA, Vicente Rodríguez, solicitó una prórroga para su justificación. La ampliación se le otorgó hasta el 1 de agosto de 2001. El 14 de noviembre de ese año, una semana después de que fueran detenidos los 13 imputados en el caso, la consejería inició el expediente para exigir el reintegro. "La fecha tope para justificar la subvención era el 1 de agosto de 2001 y sin embargo la consejería no solicita ninguna documentación ni el reintegro del dinero a FARA hasta tres meses y medio después, justamente cuando se ha producido la actuación policial que trae consigo la detención de los responsables de la federación", advierten los informes.

Coincidencia

Un portavoz de la consejería aseguró ayer que los controles fueron correctos y que los trámites para exigir la restitución del dinero fueron los normales. "El expediente de reintegro se habría producido con o sin detenciones, otra cosa es que coincidiera en el tiempo", insistió. El portavoz precisó que el seguimiento fue tan exhaustivo que la consejería tenía 19 tomos de justificantes, que ya han sido remitidos al juzgado. "No hubo falta de control, otra cosa es que haya alguien que haya hecho un uso delictivo de una subvención", recalcó el portavoz.

Un informe policial previo al pericial ya insinuó hace un par de meses cierta desidia en el seguimiento de las subvenciones. Según este documento, la Diputación de Málaga concedió el 28 de agosto de 2001 una ayuda de 6.010 euros y no recibió ningún documento justificativo. La institución supramunicipal no exigió justificantes hasta el 18 de diciembre de 2001 -mes y medio después de que las irregularidades salieran a la luz- en que reclamó el reintegro de la partida concedida.

La Diputación de Almería tampoco queda bien parada en la investigación. En el año 2001 concedió a FARA una ayuda de 21.000 euros para la creación de una Secretaría Gitana dentro de la institución. Un documento de la intervención general remitido al juzgado el 19 de marzo de 2002 reconoce que aunque el control financiero es una de sus funciones, dado que no trabaja como sección diferenciada de fiscalización y contabilidad, "no ha sido posible realizar un seguimiento y control de la aplicación dada a las subvenciones".

Al margen de poner en la picota el control de las ayudas, los informes confirman que dado que FARA no cumplió con los objetivos del programa Veda Kali y que los 12.020 euros no fueron empleados en el fin para el que fueron otorgados existe un "presunto delito de malversación de fondos públicos". Esta afirmación se sustenta en el análisis de las cuentas de la federación.

En una de ellas, la número 95065, FARA ingresa la subvención de 12.020 euros del programa Veda Kali y otros 24.040 euros de la ayuda para el mantenimiento de la sede, también otorgada por Asuntos Sociales. Los informes precisan que "en menos de dos meses" la federación se gastó ambas subvenciones y dejó la cuenta con saldo negativo. El dinero se extrajo mediante cantidades idénticas, correspondientes a los sueldos de las personas contratadas por FARA para el Programa de Actividades Extraescolares y Sensibilización de Padres, "que por supuesto nada tiene que ver con el fin para el que la consejería hizo entrega de los 36.060 euros aludidos" y que tenía su propia subvención del Ministerio de Trabajo.

Este modus operandi -mediante el cual las mismas nóminas se utilizaban para justificar dos ayudas distintas- se emplea con la subvención de 6.010 euros de la Diputación malagueña, concedida para contratar a un director de la Secretaría Gitana. Entre agosto y septiembre de 2001, se extrae esa cantidad mediante reintegros en concepto de pago a los trabajadores del Programa de Apoyo a la Escolarización Infantil Gitana (PAEIG), que también tenía una subvención específica de la Consejería de Asuntos Sociales por 168.000 euros.