El PP, el PSOE y la ortodoxia económica

Cada vez resulta más discutible afirmar que las políticas económicas ortodoxas son patrimonio exclusivo de los partidos políticos conservadores. Tras la crisis del petróleo, que puso en tela de juicio el paradigma keynesiano, y hasta entrados los años noventa, los partidos de izquierda se resistieron a incorporar explícitamente a sus programas económicos las recetas ortodoxas: lucha contra la inflación, presupuestos equilibrados, reformas estructurales conducentes a flexibilizar los mercados, etcétera. Hoy contemplamos, sin embargo, cómo el superávit presupuestario de Estados Unidos con el que el demócrata Bill Clinton cerró su segundo mandato presidencial se ha transformado en los dos últimos ejercicios en un abultado déficit bajo la égida del republicano George W. Bush. En Europa, tanto en Alemania como en Gran Bretaña (con su conocida tercera vía), los partidos de centro-izquierda han incorporado ya a su discurso elementos de política económica tradicionalmente asociados a programas conservadores. En nuestro país, las actuaciones y propuestas en los últimos años de los dos partidos mayoritarios tampoco parecen encajar en el patrón previsible.

"El centro-izquierda ha incorporado a su discurso elementos asociados a programas conservadores"

Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en 1996, la proximidad del examen de Maastricht impulsó al nuevo Gobierno a profundizar decisivamente la consolidación fiscal tímidamente iniciada en la legislatura anterior. A renglón seguido, el Ejecutivo completó la privatización de las grandes empresas del país, legisló para liberalizar los mercados energéticos y de telecomunicaciones e introdujo una reforma laboral (1997). Más recientemente, el Gobierno aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria (ley del déficit cero) y una nueva reforma laboral (popularizada con éxito por sus críticos como el decretazo). Sin duda, la actuación del PP en materia económica ha sido, al menos sobre el papel, ortodoxa.

No obstante, la realidad de los hechos es otra. En primer lugar, la competencia efectiva en los sectores supuestamente liberalizados es en la actualidad de muy baja intensidad. En segundo, el llamado decretazo (una reforma bienintencionada mal gestionada políticamente) ha sido recientemente retirado. Y en tercero, no sólo el déficit público real no es cero, sino que el Gobierno está instrumentando una política fiscal expansiva de corte keynesiano en aras de sostener el nivel de actividad y empleo a costa de un exceso de inflación (que ha alcanzado el 4%, cifra que está 1,7 puntos por encima de la media del área euro). Esta política se apoya en la esperanza de que la recuperación económica internacional se produzca antes de que los desequilibrios de la economía española devengan insostenibles. El elevado crecimiento de los precios se debe a que el Gobierno -muy probablemente de forma sensata- no está contrarrestando mediante un presupuesto restrictivo los tipos de interés, bajos para nuestro país, fijados por el Banco Central Europeo, lo que da lugar a una combinación expansiva de políticas monetaria y fiscal. En concreto, en el área fiscal las transferencias provenientes de la Unión Europea ascienden al 1% del PIB, y los gastos del sector público fuera de presupuesto podrían representar un 2% más, con el consiguiente estímulo adicional sobre la demanda agregada. En suma, contraviniendo la retórica oficial, las actuaciones económicas de la Administración de Aznar han sido -sobre todo en los últimos años- muy poco ortodoxas.

Por su parte, el PSOE ha incorporado a su discurso de política económica, por medio de recientes declaraciones de su secretario general, una primera aceptación, apenas matizada, de la bondad del equilibrio presupuestario. En el último año, este partido también ha lanzado propuestas sobre la reforma de la fiscalidad dirigidas a aumentar la neutralidad y la eficiencia del sistema (propuesta del tipo único y variantes, entre otras menos llamativas pero también novedosas). Otras declaraciones de Rodríguez Zapatero han señalado que las políticas públicas del Estado de bienestar no deben llegar tan lejos como para anular la responsabilidad y autonomía del individuo (léase le desincentiven), o que no se trata de aumentar el gasto público, sino de mejorar su composición. Estas preocupaciones, naturalmente, estuvieron presentes en la gestión económica práctica de los gobiernos de Felipe González. Lo novedoso es que nunca han estado, como ahora, integradas de modo central en el discurso económico y político.

A menudo se ha interpretado la convergencia hacia una concepción ortodoxa de la política económica en clave de "fin de las ideologías" o de auge del "pensamiento único". Nuestra percepción es muy distinta. Apreciamos en esta tendencia una progresiva disociación entre los instrumentos económicos y sus objetivos, un avance positivo que supone ampliar las posibilidades del difícil compromiso entre eficiencia y equidad en la acción pública. O, de algún modo, acercarse al imposible sueño del economista: que se cumplieran, trasladados al ámbito macroeconómico, los llamados precisamente "teoremas del bienestar", que establecen que los medios y los fines económicos se liberan de su esclavitud recíproca.

En suma, asistimos en nuestro país a la cristalización de nuevas maneras de hacer y pensar política económica. Desde el centro-derecha, la experimentación y aceptación por parte del PP de la dificultad de cumplir a rajatabla con las recetas de la ortodoxia económica en una coyuntura desfavorable es, aparte de una saludable invitación a la sobriedad, el rito iniciático que le quedaba pendiente para asimilarse a otros partidos democráticos europeos de signo conservador. Por otro lado, la reciente renovación del PSOE ha dado paso a una reformulación de postulados económicos quizá tan significativa como lo fue en su día el abandono del marxismo. El respeto a la autonomía individual y a la ortodoxia en política económica son cambios bienvenidos que, confiando en que superen el estadio de la declaración de intenciones, integran al centro-izquierda español en la vanguardia de un nuevo socialismo.

Gabriel Fernández de Bobadilla y Maurici Lucena son profesor asociado del Instituto de Empresa y economista, respectivamente.