La manzana del deseo

Una treintena de bloques de las llamadas Viviendas Protegidas de Jaén, que hace más de medio siglo se construyó pensando en las familias más desfavorecidas, se han convertido actualmente en objeto de deseo de las principales empresas constructoras y promotoras inmobiliarias. El motivo no es otro que el emplazamiento privilegiado que tienen ahora estos pisos antiguos, que en su día se construyeron en las afueras de la capital. La expansión urbanística de Jaén hacia el norte en las últimas décadas ha dejado a las Viviendas Protegidas en pleno centro urbano de la capital y a muy pocos metros del futuro centro comercial que levantará El Corte Inglés.

Varias promotoras pugnan estos días por hacerse con una actuación urbanística en la zona. De momento, dos de ellas, Doyma y Serrano Gámez, han presentado ofertas a las tres comunidades de propietarios para construirles nuevos pisos, que cuadruplicarían su valor actual. La oferta consiste en edificar en los 10.000 metros cuadrados que ahora ocupa la manzana el doble de las casi 400 viviendas que hay en la actualidad, aumentando para ello la edificabilidad hasta las ocho plantas. A este plan se unirá otro de una firma madrileña, según avanzó Tomás Méndez, residente en la zona. A final de mes, la junta de la comunidad de propietarios tomará una decisión.

La ventaja para los actuales inquilinos es que sus viviendas antiguas y deterioradas se convertirían en pisos nuevos cuya superficie pasaría de los 70 metros cuadrados a un mínimo de 100. De esta manera, si el precio actual de los pisos se estima en unos 60.000 euros, con la nueva actuación urbanística su valor se incrementaría hasta los 240.000 euros. La oferta a los vecinos incluye los gastos de la transacción (fiscales y de otro tipo), el alquiler de la vivienda alternativa mientras duran las obras, un local para la comunidad, un aval bancario como garantía de la operación y 12.000 euros a la entrega del piso para amueblarlo.

Para las empresas promotoras la operación sería redonda, pues podrían construir otros 400 pisos de lujo en la zona de más alta valoración de la ciudad y, además, se harían con la propiedad de muchos bajos comerciales. Las empresas han mantenido varias reuniones con los inquilinos de las Viviendas Protegidas, pero todavía no han encontrado el consenso necesario para poder empezar a negociar con el Ayuntamiento. Y es que, una operación de tal calibre necesita la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pues el actual no permite alturas de ocho plantas en esa manzana. El gobierno municipal del PP no parece hacer guiños a esta operación, aunque de momento asiste como mero espectador a este debate ciudadano. La oposición socialista asegura que estará atenta para evitar que se produzca cualquier tipo de especulación amparada desde el Ayuntamiento.

Las Viviendas Protegidas fueron promovidas en la década de los años cuarenta por el Ayuntamiento y la Diputación. Sus moradores iniciales fueron empleados públicos con pocos recursos.

Los inquilinos de los pisos municipales pasaron a ser propietarios de sus casas hace algunos años, tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, que asumió el coste de la rehabilitación exterior del edificio. Algo parecido va a hacer ahora la Diputación con las 98 que todavía son de su propiedad, donde va a invertir más de 1,2 millones de euros.

Los bajos alquileres que fueron pagando los inquilinos han ido pasando de padres a hijos y hoy el precio sigue siendo casi testimonial, de unos 42 euros al mes. Lla próxima primavera, la Diputación enajenará las viviendas, pero su vicepresidente, Moisés Muñoz, avisa que en la operación no entrará la venta de sus bajos comerciales, algunos de los cuales están cedidos a varias ONG. "Creemos que puede haber un aprovechamiento legítimo y que puede aumentar el patrimonio de la Diputación", asegura Moisés.