La policía de Sevilla prepara la expulsión de más de 90 inmigrantes

La policía detuvo ayer a 131 inmigrantes -todos de nacionalidad rumana, a excepción de tres mujeres de Estonia- que malvivían en un asentamiento bajo un puente de la autovía entre Sevilla y Huelva levantado hace ya más de cuatro años. Según la Delegación del Gobierno en Andalucía, de entre los 150 habitantes del poblado sólo 20 estaban regularizados. De los 131 detenidos, 38 quedaron en libertad y al resto se les abrirá expediente de expulsión.

El delegado del Ejecutivo central en Andalucía, José Ignacio Zoido, aseguró en una conferencia de prensa improvisada que el Gobierno procederá a la repatriación "de todos los que están en situación irregular", pero matizó que no podía "detallar" el procedimiento que se seguiría con los 16 menores que había en el grupo.

Según Zoido, la policía entró en el poblado entre las 7.30 y las 8.00 de ayer para identificar a los más de 150 residentes y comprobar si disponían de documentación en regla. Según alguno de los propios inmigrantes, en el operativo intervinieron más de un centenar de agentes, un helicóptero, unidades caninas y a caballo.

Zoido enmarcó la operación policial en el compromiso adoptado por la Delegación del Gobierno en una reunión mantenida el pasado 3 de noviembre con representantes de otras Administraciones públicas -Defensor del Pueblo Andaluz, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Sevilla y Camas- para buscar soluciones a los chabolistas rumanos. En dicho encuentro, el Gobierno se comprometió a elaborar un censo para conocer la situación administrativa de cada una de estas personas.

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, tildó ayer de excesiva la medida policial y aseguró que respondía a "una obsesión excesiva por expulsar y expulsar". "Tenía entendido que primero se elaboraría un censo y luego se daría respuesta a las distintas situaciones personales, que no tenían por qué excluir las expulsiones", indicó.

No obstante, Chamizo agregó que el delegado del Gobierno en Andalucía había sido "el único que ha hecho algo" de entre los que acudieron a la citada reunión, en la que se trataron temas como la escolarización de los menores del asentamiento y la asistencia sanitaria, que depende de la Junta de Andalucía.

Los inmigrantes fueron instalados en el gimnasio de la Jefatura Superior de Policía, en donde se les ofreció comida y abrigo. En la jornada de ayer, la policía procedió a la identificación de estas 131 personas -58 varones, 57 mujeres y 16 menores- para determinar con exactitud su situación migratoria al tiempo que se averiguaba si alguno tenía cuentas judiciales pendientes con la justicia española.

La policía incoará expediente de expulsión para los 93 que no no tienen los papeles en regla. Los restantes o bien están regularizados o han iniciado sus trámites. Aquellos a los que se les abra expediente tendrán derecho a contar con asistencia letrada y un juez deberá ratificar las órdener de expulsión pertinentes.

Varios de entre la veintena larga de rumanos que se libraron de la detención hicieron guardia durante toda la jornada a las puertas de la comisaría a la espera de que liberaran a sus compatriotas. Su portavoz, Huan Rosta, realizó una breve visita a los detenidos y aseguró que todos estaban bien.

"Esto ayer estaba lleno de familias, y mira, no quedamos ni diez personas", se lamentaba uno de los rumanos todavía en el poblado. "Yo tengo papeles porque vendo La Farola", aseguraba al tiempo que decía que todos los regularizados venden esa publicación.