Los acusados de la batalla campal ocurrida en Sants en 1999 niegan su relación con los hechos

El juicio por los cuantiosos destrozos ocurridos en el barrio barcelonés de Sants el 12 de octubre de 1999 durante una manifestación contra el Día de la Hispanidad se inició ayer con la declaración de parte de los 18 jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados. En sus declaraciones hubo coincidencia en explicar que o no estuvieron en esa manifestación o si estuvieron no participaron en los hechos ni vieron lo ocurrido. El fiscal les acusa de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, y pide para la mayoría de ellos dos penas de un año y medio de cárcel.

El juicio debía celebrarse en el Juzgado de lo Penal número 7 de Barcelona, pero fue trasladado a una sala del jurado de la Audiencia ante el gran número de acusados y de abogados. Decenas de familiares y amigos de los acusados acudieron también al juicio para mostrarles su apoyo en medio de un amplio despliegue de policías antidisturbios provistos incluso del casco.

En el exterior, medio centenar de personas se manifestaron por el paseo de Lluís Companys hasta el parque de la Ciutadella, donde durante todo el día hubo actuaciones y actos de apoyo. Frente al Palacio de Justicia fueron colocadas dos pancartas con los lemas "Prou muntatges. La prensa manipula. Los políticos se aprovechan" y "12 de octubre antifascista".

Ley del menor

Antes de iniciarse el juicio algún abogado planteó las cuestiones previas de rigor para demorar la celebración, pero la juez las rechazó. Una letrada explicó que ayer mismo entraba en vigor un artículo de la ley del menor que permite llevar por esta jurisdicción los casos de delitos menos graves cometidos por menores de 21 años. La fiscal del caso admitió que desconocía esa realidad, pero la magistrada rechazó esa posibilidad al considerar, en contra del criterio de la abogada, que la reforma de la ley no entra en vigor hasta 2005 y que, en todo caso, no podría aplicarse en este juicio porque se trata de hechos graves.

Los destrozos en los escaparates de oficinas bancarias, inmobiliarias y comercios del barrio de Sants ocurrieron al finalizar una manifestación convocada por la llamada Plataforma Antifascista para protestar por el acto de homenaje a la bandera convocado en la plaza dels Països Catalans por grupos ultraderechistas.

Asegura la fiscalía que la manifestación antifascista, en la que participaron unas 700 personas, no tenía permiso administrativo y que entre los manifestantes había un grupo de encapuchados con un plan predeterminado que causó los destrozos. La policía fue acusada entonces por los vecinos y los comerciantes de pasividad porque permitió a algunos de estos alborotadores campar a sus anchas y destrozar los escaparates, pero los responsables policiales defendieron entonces su actuación asegurando que no se pudo hacer otra cosa y que lo importante era evitar que esos manifestantes se juntasen con los ultras, como pretendían aquéllos. Desde entonces, el homenaje a la bandera se realiza en la montaña de Montjuïc.

La fiscalía acusa a 17 de los 18 acusados de desórdenes públicos y pide para cada uno 18 meses de cárcel. Una pena idéntica solicita también para otras de esas personas por un supuesto delito de atentados. Sólo para uno de los acusados la fiscalía eleva la pena a otros cuatro años más de cárcel por atentar contra la policía, y en otro caso reclama una multa por una falta contra el orden público.

Las entidades bancarias perjudicadas se han retirado del proceso al haber cobrado ya de las aseguradoras, y la única acusación particular que se mantiene es la del Ayuntamiento de Barcelona.

Los daños fueron tasados en más de 25 millones de pesetas (150.200 euros).