Obras Públicas ve imposible el consenso total sobre el AVE
El consejero García Antón da por bueno un itinerario pactado "en más de un 90%"
Para la Consejería de Obras Públicas es "imposible" alcanzar el consenso absoluto en el trazado del AVE en el territorio valenciano. El consejero José Ramón García Antón considera que el itinerario está consensuado en estos momentos en un 90% aproximadamente, un porcentaje "adecuado para una obra de esta envergadura", y cree que ahora, "con las posturas radicalizadas" por la próxima contienda electoral, es un "mal momento" para negociar. El trazado de Fomento se impondrá probablemente en los tramos más conflictivos, La Vega Baja y L'Horta Sud.
"El dinero es limitado y no pueden soterrarse todos los tramos que se están reclamando", ha declarado a EL PAÍS el consejero García Antón sobre la petición de una veintena de instituciones de que el AVE llegue a Valencia bajo tierra, adaptando el corredor ferroviario desde Silla y desestimando el itinerario oficial de 17 kilómetros que constriñe el desarrollo de Torrent y otros municipios de la comarca de L'Horta Sud. Los ayuntamientos de Torrent y Benifaió y la Mancomunidad de l'Horta Sud han alegado al trazado y han solicitado la paralización cautelar de las expropiaciones.
Además de en L'Horta Sud y en La Vega Baja, donde Obras Públicas da prácticamente por perdido el consenso "en aras al interés general", García Antón asegura que también hay problemas en algún punto del tramo Valencia-Castellón, en concreto en Roca-Cuper. "Vamos a hablar con el Ministerio [de Fomento] para que sea más flexible en ese punto", dijo. Los vecinos de estas pedanías, que preparan alegaciones, consideran que el itinerario de Fomento "supondrá una barrera que aislará el núcleo urbano" y agravará las consecuencias en caso de inundaciones en la zona.
El estudio de impacto ambiental del tramo Valencia-Castellón advierte de que las cuatro alternativas afectan a cinco espacios protegidos: La Serra Calderona, los marjales de Almenara, Nules-Borriana y Dels Moros y la desembocadura del Millars. El ministerio se inclina por la opción este, que afecta al marjal de Almenara y a la desembocadura del Millars.
Especial protección
Las conclusiones de un estudio de las dos universidades alicantinas sobre el tramo de La Vega Baja inquietan a la consejería. El informe sostiene que el trazado pasa por una franja de 17 kilómetros de terreno que se halla calificada como suelo de especial protección. No obstante, la Consejería de Obras Públicas explica que la variante no es definitiva, ya que hay ocho tramos dentro del corredor sudeste. La traza analizada por las universidades no deja de ser una previsión, indican fuentes de Obras Públicas. La consejería, sin llegar a cuestionarlo abiertamente, sí arroja algunas dudas sobre la objetividad y el rigor del dictamen, que ha sido elaborado a instancias del alcalde de Benejúzar, del PSPV.
La opinión más generalizada entre los alcaldes socialistas de La Vega Baja es, sin embargo, bien distinta. Casi todos alegan que la opción de Fomento es un pretexto para favorecer la especulación urbanística y aportan un dato elocuente: casi siete millones de metros cuadrados del entorno donde se prevé que pase el AVE ya están recalificados como suelo urbano. Por ello, proponen una fórmula que, según sus cálculos, resultará más ventajosa, menos agresiva y más económica: adaptar el actual trazado ferroviario Elche-Murcia a las necesidades que exige un tren de alta velocidad.
García Antón asegura que su departamento ha realizado un gran esfuerzo de mediación con Fomento. "Hemos corregido buena parte del trazado inicial para que la infraestructura fuera lo más consensuada posible con los ayuntamientos y los vecinos", asegura. Pero en una obra de esta envergadura, "somos conscientes de que es imposible que todo el mundo esté contento".
El consejero lamentó que cuando el consenso estaba cerca en La Vega Baja con la denominada opción supersur, a la que el Ministerio de Fomento dio el visto bueno, el municipio de Benejúzar se descolgara, y recordó que incluso se propuso entonces que el trazado por esa localidad se desplazara hacia la costa.
La proximidad de las elecciones autonómicas y municipales -25 de mayo- va a complicar, según García Antón, que puedan concretarse más acuerdos, aunque Obras Públicas estima que "más del 90% de trazado consensuado" es suficiente para dar por bueno un itinerario definitivo del AVE en el territorio valenciano.
Fomento ve "muy difícil" encontrar una solución pactada en La Vega Baja
El tramo Elche-Murcia a su paso por La Vega Baja es uno de los puntos más controvertidos del corredor mediterráneo del AVE. Un portavoz de Fomento asegura que "es muy difícil, por no decir imposible", encontrar una solución pactada en esa comarca. La elección del trazado ha suscitado un agrio enfrentamiento entre los defensores de la opción escogida por el Ministerio de Fomento, el denominado corredor sudeste, y sus detractores. En el primer grupo se sitúan casi todos los alcaldes del PP y en el segundo la mayoría de regidores socialistas, con algunas excepciones. El alcalde de Jacarilla, del PP, se ha distanciado de la posición que mantiene su partido por las graves afecciones que con esta traza sufriría su municipio y lo mismo ocurre con el primer edil de Bigastro, del PSPV, que defiende sin ambages el trazado sudeste. El debate en torno al AVE se desató en La Vega Baja en el año 2001 cuando el Ministerio de Fomento simplificó su estudio inicial y redujo las siete propuestas a dos: la solución norte y la sur. Entre la clase política surgió entonces un clamor unánime de rechazo a la opción sur, que partía en dos la comarca y arrasaba la huerta de Orihuela, y todas las opiniones convergieron en torno a la alternativa norte, pero los intereses de la Región de Murcia prevalecieron y Fomento descartó la solución norte. La presión de los dirigentes políticos, contrarios a esta decisión, desembocó en una serie de entrevistas y reuniones con el consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón, y con técnicos del proyecto en Madrid, y se adoptó una alternativa que pretendía conciliar ambas posturas: la denominada vía sudeste. Pero lejos de satisfacer a todos, esta opción generó una beligerancia absoluta de algunos municipios socialistas, como Benejúzar, que se veían notablemente perjudicados por la infraestructura. Ese consistorio encargó un estudio a las universidades alicantinas sobre el impacto de la infraestructura y el trabajo arrojó unos resultados demoledores, hasta el extremo de tildar de "ilegal" el propósito del ministerio de llevar el tren por una franja de terreno calificada como de especial protección.
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