Cárcel contra delincuencia

Las asociaciones judiciales y de fiscales discrepan de la eficacia de la reforma de la prisión preventiva como mecanismo para castigar la reincidencia y atajar el aumento de la delincuencia en España. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador, considera "acertada" esta reforma. Los otros colectivos judiciales sostienen que la prisión provisional debe ser la excepción y coinciden en que la solución pasa por los juicios rápidos.

Con la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente difícilmente se envia a prisión a alguien por un delito que lleve aparejada una pena inferior a seis años.

José Manuel Suárez Robledano, portavoz de la APM, entiende que la reforma es una medida "acertada". Su objetivo, afirma, "es la protección de los derechos de los ciudadanos". Opina Suárez Robledano que crea inseguridad y alarma social el que el juez se vea forzado a dejar en libertad a una persona "con hasta 100 detenciones, como hay casos". "Lo deseable", destaca, "es que no haya personas recluidas provisionalmente, y para ello es necesario que los juicios rápidos se hagan lo más pronto posible".

Miguel Carmona, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), califica la reforma como "nuevo parche". "No podemos encontrarnos cada mes con nuevas reformas a impulso de encuestas", destaca.

Carmona sostiene que la prisión preventiva debe ser la excepción, nunca la norma. Y añade que el sistema penal no debe descansar sólo en medidas represivas. "El Código Penal de 1995 recoge alternativas a la cárcel que no terminan de aplicarse". Para Carmona, con esta reforma el Gobierno "vuelve al viejo tic de que lo único que vale contra la delincuencia es la cárcel, y no es así".

Cristina Cadenas, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de carácter moderado, entiende que "no era imprescindible una reforma de la prisión preventiva", ya que ahora hay suficientes mecanismos legales para atajar la delincuencia.

No hay prisiones suficientes

Cadenas abunda en la idea de que la prisión preventiva, tal como establece la doctrina del Constitucional, "debe ser la excepción". Además entiende que "hoy por hoy" no parece posible aplicar esta reforma, que dará total luz verde a los jueces para meter en prisión a los pequeños delincuentes que reincidan: "No tenemos prisiones para toda la pequeña delincuencia".

Cadenas explica: "Esta reforma trata de atacar un problema que es difícilmente atajable desde la vía de la prisión preventiva; pero es que, además, no tenemos prisiones".

Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, entiende que algunos aspectos que se reforman "pueden tener sentido", pero advierten de que se olvidan otras medidas que son aún más efectivas, "entre ellas, la prevención". Camacho asegura que "la prisión provisional no es la solución al problema de la delincuencia".

José Antonio Martín Caro, portavoz de la Asociación de Fiscales, tampoco cree que el uso de la prisión preventiva sea un mecanismo factible para mitigar la delincuencia. "Sería imponer anticipadamente una pena que puede que luego no se corresponda con la sentencia". Al igual que sus otros compañeros, Martín Caro sostiene que la prisión preventiva debe ser la excepción y señala que la solución más garantista a la pequeña delincuencia pasa por la celebración de juicios rápidos. "Si un señor conduce ebrio, aunque sea reincidente, sería un disparate enviarle a prisión", advierte.