La Comisión Aldama propone regular el deber de información y no limitar la edad de los consejeros

La Comisión Aldama, que ha estudiado durante los últimos cuatro meses los cambios convenientes para mejorar el buen gobierno de las empresas cotizadas por encargo del Ministerio de Economía, dio ayer por terminados sus trabajos. El grupo de 15 expertos presidido por Enrique Aldama sólo considera necesario regular tres aspectos: para mejorar la información que reciben los mercados; definir mejor los deberes e incompatibilidades de los administradores para evitar conflictos de interés; y obligar a las empresas a dotarse de normas propias de gobierno corporativo. Para el resto de las recomendaciones, relativas a la forma en que se organizan las empresas, prefiere que sean las propias compañías quienes se autorregulen.

Es el caso de algunos de los aspectos más debatidos en los últimos meses en relación al buen gobierno de las empresas, como la separación de presidente y máximo directivo, el número conveniente de consejeros independientes -que no son directivos ni representan a accionistas de referencia- o la necesidad de imponer una edad de jubilación a los consejeros. En este aspecto incluso corrige lo dispuesto en el Código Olivencia, la única norma de buen gobierno aceptada en España y que fue elaborada en 1998 por otra comisión de expertos, también por encargo del Gobierno. Este informe recomendaba a las empresas establecer una edad límite para los consejeros, de "entre 65 y 70 años para los ejecutivos y el presidente y algo más flexible para el resto".

El informe, de 49 páginas y que puede consultarse en la página web de la CNMV (www.cnmv.es), prefiere poner el acento en la necesidad de mejorar la transparencia, "uno de los mecanismos más eficaces" para conciliar la protección de los accionistas y los intereses de las empresas, según Rodrigo Rato. Aldama subrayó que la información que las empresas cotizadas proporcionan "es muy insuficiente" y cuestionó que los consejeros independientes lo sean. Para mejorar esta situación, la comisión propone obligar a las empresas a elaborar un informe anual de buen gobierno corporativo. La idea es que las empresas detallen qué reglas rigen su funcionamiento y que cuando éstas se alejen de las generalmente aceptadas expliquen por qué.