Jueces y fiscales progresistas se quedan solos en contra de la centralización
Sólo las asociaciones judiciales progresistas y minoritarias Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se oponen tajantemente a la centralización de la vigilancia judicial penitenciaria para determinados delincuentes, mientras que las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), a las que se une la minoritara y moderada asociación judicial Francisco de Vitoria (FV), se muestran netamente a favor.
"La APM apoya la creación de juzgados centrales de vigilancia penitenciaria", según su portavoz, Vicente Magro, quien se refiere a "la necesidad de concentrar en la organización judicial específica de la Audiencia Nacional todas aquellas materias que, por sus especiales características, exigen la centralización de su conocimiento".
José Antonio Martín-Caro, presidente de la AF, es "favorable a los jueces centrales para vigilar a delincuentes a nivel nacional", aunque será un "trabajo más incómodo, porque tendrán que viajar mucho".
Cristina Cadenas, portavoz de FV, admite que "racionalmente, no tienen justificación los juzgados centrales, pero hay razones de otra índole que justifican que la ejecución de la pena se centralice para condenados por la Audiencia Nacional". Reconoce que "la tutela judicial de los presos no resultará favorecida, pero tampoco perjudicada si se ponen los medios necesarios".
La proximidad, básica
Juan Luis Rascón, portavoz de JpD, considera que "la proximidad a las cárceles es un principio básico de la vigilancia penitenciaria, por lo que, radicando en Madrid los juzgados, es imposible que los jueces tutelen los derechos y libertades de los internos, que van a resultar resentidos".
Rascón estima que la "excusa de unificar criterios podría servir para crear un solo tribunal penal en Madrid" y califica de "lamentable el argumento del PSOE de que la ley sólo se aplique a presos terroristas, porque eso es poder y no querer, o querer y no poder".
Antonio Camacho, de la UPF, cree que "el juzgado central no va apermitir el necesario contacto personal del juez de vigilancia con los internos, dada su lejanía física respecto a unos presos distribuidos en distintas cárceles de España".
El fiscal Félix Pantoja, único vocal del Consejo General del Poder Judicial que se opuso al informe favorable a la ley, razona que el juez de vigilancia "se encuentra vinculado al centro penitenciario en el que el penado cumple condena, ya que el criterio subjetivo de atención a la reinserción fundamenta el contenido jurisdiccional del órgano".
