Vigilantes desde casa

Más de 3.000 personas, en su mayoría de origen británico, colaboran asiduamente con la Policía Local de Torrevieja para alertar a las autoridades de la presencia de personas o vehículos sospechosos. La tarea que desarrolla la asociación Vecinos Colaborando ha suscitado recelos y críticas demoledoras, pero esta oposición frontal de muchos sectores sociales y políticos no ha sido impedimento para que la agrupación extienda sus tentáculos.

Pilar de la Horadada y la costa de Orihuela repiten ahora la experiencia y, aunque la iniciativa ha nacido con polémica, goza del beneplácito de la Delegación del Gobierno. La oposición, mientras tanto, sigue reclamando que se abra una comisaría de la Policía Nacional.

Los vecinos creen que es inconstitucional y lo comparan con la jerarquía paramilitar

245 coordinadores vigilan más de 12.000 viviendas en toda la franja del litoral

Tras el atentado de ETA la Policía solicitó a sus colaboradores información

Hall Trebol es uno de los 245 coordinadores de zona que componen el amplio organigrama de la asociación Vecinos Colaborando. Su labor no está exenta de responsabilidad. Hall media entre los residentes de su calle y la Policía Local para disipar el temor de los primeros ante posibles "movimientos inusuales" y facilitar la intervención policial ante un inminente atraco.

Para ello, diariamente recibe una información puntual sobre los robos, asaltos y estrategias delictivas más habituales en la ciudad y él, a su vez, transmite esta notificación a sus vecinos.

Pero este singular sistema de vigilancia ciudadana, importado del norte de Inglaterra, se ha visto salpicado de polémica. Para sus detractores, la mayor controversia reside en la "ilegitimidad de una fórmula de trabajo que podría llegar a ser inconstitucional", según ha expresado en reiteradas ocasiones el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Torrevieja, Joaquín Garrido.

Elocuente e inflexible en sus manifestaciones, Garrido ha llegado a comparar la actividad que ejercen los integrantes de esta asociación con una organización paramilitar por el esquema "jerárquico e inamovible" en que se constituye y ha destacado una de las principales incoherencias del Gobierno al apoyar esta solución. "Defiende esta fórmula" -dice- "y no incrementa los efectivos policiales que son claramente insuficientes".

La organización y el reparto de funciones sigue, en efecto, una clasificación piramidal. La asociación está compuesta por más de tres mil colaboradores y al frente de ellos hay unos 245 coordinadores que se encargan de velar por la tranquilidad y el sosiego de las calles. El sistema se ha aplicado en 20 urbanizaciones de Torrevieja y abarca más de 12.000 viviendas que se han incrementado en miles desde que la modalidad se propagó por los núcleos residenciales de toda la franja litoral de la comarca. Graham fue quien impulsó este discutido proyecto hace cuatro años, cuando se disparó la alarma por el elevado índice de delitos y faltas registrado en Torrevieja. La permanente sensación de inseguridad que empezó a arraigar entre el numeroso colectivo anglosajón fue un factor decisivo para decantarse por esta vía de enlace con la policía que ha permitido paliar la inquietud de los vecinos extranjeros.

Con este argumento justifica este inglés afincado en Torrevieja la actividad de la asociación. "Hay muchos residentes que no hablan este idioma y necesitan saber que hay un intermediario que los representa", dice.

En la práctica, sin embargo, las funciones que desempeñan los voluntarios exigen un alto grado de implicación en las labores de vigilancia. Al clima de inseguridad por la frecuencia con que se suceden los delitos comunes, se añade la psicosis que la amenaza terrorista ha generado en la población británica y esta situación puede conllevar, según la oposición, una vulneración de derechos y libertades individuales. La prueba más indicativa es que, tras el atentado que perpetró ETA este verano en Torrevieja, la Policía Local ya ha solicitado a sus colaboradores "información sobre sospechosos que alquilen un piso", explica Graham. Y los vecinos que participan en esta experiencia han acatado la sugerencia con rigor. "Indicamos a la policía si hay coches abandonados o si sabemos de nuevos inquilinos que puedan ser terroristas", agrega Graham.

PSOE e IU insisten en que estas tareas son competencia única de las fuerzas de seguridad del Estado y recuerdan que es el Gobierno quien debe garantizar la seguridad ciudadana sin necesidad de recurrir a la ciudadanía.

Graham, por su parte, trata de despejar cualquier duda sobre el cometido del grupo, pero su tenaz aclaración no elimina la preocupación de sus más firmes opositores. "Mi padre tiene ochenta años" -dice- y en Inglaterra coordina 50 casas. A través de un ordenador, la policía le comunica los movimientos extraños en la zona. Luego sale a pasear con su perro y da una vuelta por el vecindario para informar de lo ocurrido".

En general, para muchos partidos políticos y grupos vecinales, el método y la forma de trabajo no dejan de ser una forma más sutil de vigilar.