700 afectados de la CPV han iniciado ya acciones legales

Unos 700 de los 1.200 afectados por el caso CPV se han adherido hasta el momento a las acciones civil y penal abiertas en diferentes juzgados madrileños contra los responsables de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) por una presunta estafa inmobiliaria en los nuevos barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, según Pedro López-Arias, uno de los letrados personados en el proceso penal.

Según dijo, el goteo de personas que desean sumarse a las denuncias es "constante". Estos litigantes adelantaron sus ahorros a la promotora para la compra de una vivienda en unos terrenos que la entidad vendió a terceros, sin que aún haya aparecido el dinero aportado por los perjudicados. Numerosos afectados interpusieron dos demandas civiles en los Juzgados de Primera Instancia número 18 y 35. Otro grupo de perjudicados emprendió acciones legales contra CPV por la vía penal, mientras que un tercer conjunto interpuso una demanda de quiebra en el Juzgado de Primera Instancia número 9.

Según fuentes jurídicas, los magistrados que tramitan las demandas civiles y el juez que admitió la quiebra se han enviado exhortos para intercambiar información y estudiar la posibilidad de unificar las tres causas.