Dos desalojos y un rosario judicial

El Laboratorio ha cumplido sólo cinco años de vida, pero en su corta historia tiene ya a sus espaldas dos desalojos y un rosario de fallos judiciales. Su sede actual, en Amparo, 103, en lo que fue la antigua imprenta Samarán, es la tercera de su existencia. Pero no se sabe por cuánto tiempo ya que los dueños del edificio han pedido varias veces a los jueces la expulsión de estos okupas. La pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Provincial.

En junio, el Juzgado de Instrucción número 11 ordenó el desalojo "para ejecutar unas obras obligadas por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad del edificio". Pero los okupas recurrieron y la juez decidió "no echarlos por el momento". Tomó esta decisión tras comprobar que el Consistorio había reparado ya el edificio, "por lo que no parecía existir ningún peligro de ruina inminente" y, lo que es más curioso, también tuvo en cuenta las numerosas actividades sociales y culturales que se organizan en el inmueble. Los dueños pidieron de nuevo la expulsión y el juzgado volvió a denegarla por lo que éstos han acudido ahora a la Audiencia.

No es la primera vez que El Laboratorio se enfrenta a una mudanza forzosa. Su primera sede estuvo en Embajadores, 68, en un edificio utilizado cuatro años antes por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA). Allí entraron en abril de 1997 y fueron desalojados el 22 de diciembre de 1998. Les echaron pero el Tribunal Superior de Justicia decidió archivar la causa penal abierta contra las 604 personas -entre ellos diputados de IU, artistas e intelectuales- que se autoinculparon diciendo que ellos también okupaban el edificio. El alto tribunal concluyó que no cometían delito porque su finalidad era "política" -pretendían denunciar la existencia de inmuebles vacíos durante décadas en un Madrid encarecido- y porque no entraron al inmueble "con vocación de permanencia".

A nadie se le aplicó el artículo 245 del Código Penal que castiga la okupación, tipificada como usurpación, con multas de tres a seis meses reemplazables en caso de impago por arrestos de fin de semana.

De Embajadores se trasladaron, el 6 de enero de 1999, a un bloque de pisos que llevaba dos décadas vacío a la plaza de Cabestreros. El dueño denunció y el Juzgado de Instrucción 43 archivó la causa penal contra los okupas por considerar que no cometían delito alguno al usar un inmueble abandonado durante tanto tiempo.

Esta decisión judicial provocó un recurso de los propietarios que llevó a la Audiencia Provincial a reiniciar el proceso. No obstante, la propia Audiencia reconoció "tener reservas frente a la opción legislativa de criminalizar estos actos". Tras alguna vuelta judicial más, el desalojo se ejecutó el 28 de agosto de 2001 y todavía queda por resolver la causa penal contra 300 autoinculpados.