Un estudio alerta de la ilegalidad del trazado del AVE por la Vega Baja
El informe, de las universidades de Alicante, constata que la mitad del suelo está protegido
La mitad del suelo por el que circulará el tren de alta velocidad a su paso por la Vega Baja está protegido. El trazado Elche-Murcia aprobado por Fomento es ilegal, si no se recalifican 17 kilómetros de especial protección agrícola y medioambiental. Ésta es una de las numerosas deficiencias que resalta un estudio conjunto de la Universidad de Alicante y de la Miguel Hernández que resalta, incluso, la existencia de connivencias en favor de intereses urbanísticos.
La controvertida y polémica solución del AVE aprobada por el Ministerio de Fomento para el corredor de la Vega Baja sigue concitando opiniones enfrentadas. El último informe desfavorable procede de las universidades de Alicante y Miguel Hernández, que en un trabajo conjunto encargado por el Ayuntamiento de Benejúzar reseñan, entre otras deficiencias, las múltiples irregularidades que se cometerían con la ejecución de la opción sudeste si antes no se reclasifica la mitad del suelo por el que discurrirá el tren.
Un total de 16,3 kilómetros del trazado sudeste se encuentran catalogados como suelo de especial protección pero esta restricción no ha sido impedimento para que el gobierno apruebe la traza con carácter definitivo. El dictamen concluye, por ello, que la construcción de este tipo de infraestructuras en los municipios referidos sería ilegal, "salvo que se pretenda desclasificar el suelo afectado por la traza".Las críticas lanzadas en el estudio son tajantes y apuntan incluso a la existencia de connivencias entre políticos y promotores urbanísticos. No en vano los primeros datos recabados por el equipo redactor arrojan un cómputo de seis millones y medio de metros recalificados en los municipios que circundan a este tramo.
El informe, además, abunda en el procedimiento seguido para tomar estas decisiones y alude de forma expresa a reuniones celebradas "con promotores y constructores de viviendas" con el propósito de dar respuesta a "intereses concretos de algunos particulares". La única solución que esboza el Ministerio de Fomento para evitar posibles vulneraciones legales es la de transformar el uso del suelo, como queda patente en la "propuesta de cambio de localización de la franja reservada para infraestructuras en el planeamiento" que contempla el proyecto del gobierno. Se trata de una previsión que, según la Universidad de Alicante, adolece de escasa coherencia, ya que este tipo de recalificaciones en masa no están convenientemente justificadas ni aportan beneficios convincentes a la sociedad. "Estas alternativas (sur y sudeste)", añade el estudio, "son incompatibles con la afección a los suelos protegidos y al paraje natural de El Hondo".
El considerable impacto medioambiental del trazado sobre parajes naturales es otro de los aspectos negativos que resalta el informe. En concreto, el documento cita tres consecuencias especialmente peligrosas: agrava el riesgo de inundaciones, al provocar un efecto barrera, genera una fuerte afección acústica que perturbaría el descanso en una zona densamente poblada y conllevará una inversión térmica que disminuirá la productividad agrícola.
La situación de riesgo podría llegar a ser "dramática" en ciertos enclaves como Almoradí cuyo término municipal quedaría encajonado entre la CV-90 y la plataforma del AVE. Una rotura del río en el tramo conocido como El Saladar podría tener, así, repercusiones trágicas para sus habitantes que ya tuvieron que ser evacuados tras la riada de 1987.
La impopularidad de la opción sudeste del AVE es también creciente entre los habitantes de la Vega Baja que, según una encuesta insertada en este estudio, prefieren mayoritariamente que se adecue la línea. Una de las causas de mayor rechazo social es el impacto que el trazado de Fomento tendría sobre el sector agrario, "al dividir las tierras de la comarca en dos, por la barrera que supone la infraestructura AVE", precisa el documento.
