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Columna
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La expiación

Josep Ramoneda

Si algún preso de ETA llegara a cumplir los 40 años de cárcel que Aznar pide para ellos, querría decir que dentro de 40 años el problema del terrorismo vasco todavía no estaría resuelto. La futura ley que Aznar propone -y que el PSOE se siente condenado a aceptar- no afectará a los etarras que hoy están en prisión porque, evidentemente, no puede tener carácter retroactivo. Si algún día ETA renuncia a la violencia, nadie duda que se planteará una reinserción ordenada de los presos. Habrá, por tanto, que deshacer los mecanismos jurídicos que imposibiliten la reducción de penas que ahora se pretenden construir. Con lo cual, la iniciativa de Aznar obliga a plantear dos preguntas. Una de carácter jurídico: ¿es aceptable desde el punto de vista constitucional y desde la cultura jurídica democrática? Otra de carácter político: ¿puede contribuir eficazmente al fin de la violencia etarra?

Sobre los aspectos jurídicos. El cumplimiento íntegro de las penas podría perfectamente exigirse sin necesidad de reformar la legalidad vigente. La libertad condicional al cumplirse dos tercios de la pena está condicionada al comportamiento y las posibilidades de reinserción del preso. La novedad, por tanto, es la ampliación a 40 años del tiempo máximo de condena efectiva (ahora es de 30 años), que es el modo escogido por Aznar para sortear la cadena perpetua, claramente contraria al espíritu constitucional. La voluntad rehabilitadora que anima la legislación democrática hace discutible una ampliación de este tipo que cierra cualquier esperanza a la reinserción. Un preso, sin perspectiva alguna de abreviar su tiempo de cárcel, o se convierte en absolutamente conflictivo o acaba enloqueciendo. Algunos juristas advierten sobre dos posibles problemas: que el Tribunal de Estrasburgo rechace los 40 años de cárcel sin remisión posible por pena inhumana o degradante, y que algunos Estados se nieguen a conceder la extradición de etarras si saben que se les va a aplicar una pena de este tipo. La ingenua propuesta del PSOE de que el arrepentimiento y la ruptura con ETA abran al preso la vía de la reinserción pretende salvar alguno de estos obstáculos.

En fin, toda ley hecha para un caso concreto tiene su torna. En este caso, para que no se pueda decir que la reforma está dirigida exclusivamente a los presos de ETA, Aznar la extiende a aquellos "delitos especialmente graves". Es difícil saber qué entiende Aznar por tales, pero me temo que dependan de lo que digan los medios de comunicación en cada momento. Es decir, serán considerados delitos especialmente graves los que diga la opinión pública. Es el razonamiento lógico cuando se decide avanzar por la vía de la demagogia populista. Quedan, por tanto, muchas sombras jurídicas en una iniciativa que, tal como la plantea Aznar, da la sensación de desbordar la idea de una pena retributiva para caer en la vieja y predemocrática penalidad expiacionista.

Sobre los aspectos políticos: ¿los 40 años fijos de cárcel pueden tener algún efecto sobre ETA y sus militantes? El Gobierno se ampara en los resultados del endurecimiento de la acción policial y judicial contra la kale borroka para defender la eficacia de esta vía de intensificación represiva. Es verdad que durante muchos años la muchachada de la kale borroka campaba por las calles del País Vasco con la misma impunidad con que los guerrilleros de Cristo Rey entraban en la universidad durante el franquismo. Y es verdad también que este año la kale borroka -después de que se asociara penalmente con los delitos de terrorismo y de que se extendiera la responsabilidad civil a los padres de los agitadores- ha disminuido sensiblemente. Pero también hay que tener en cuenta el dato dado a conocer por Balza de que 300 de estos jóvenes activistas han pasado a la clandestinidad y muchos de ellos para servir de recambio a los comandos de ETA que están cayendo uno tras otro.

El terrorista vasco tiene características un poco especiales. Se da, en este caso, la insólita circunstancia de que, para decirlo en palabras de un jurista amigo, el país sojuzgado es más rico que el país sojuzgante. Y por tanto, los jóvenes de que se nutre ETA están acostumbrados a cierto nivel de bienestar, con lo cual sería razonable pensar que la perspectiva de una larga temporada de cárcel sea disuasoria. Pero ¿si no lo fue la pena de muerte durante el franquismo, si no lo fueron los 30 años de cárcel, lo serán los 40? ¿El alargamiento de la perspectiva de tiempo de estancia en la cárcel, ya de magnitudes altas -muchos etarras han estado más de 20 años en prisión, que es muchísimo, aunque desde fuera algunos lo presenten como una minucia-, es desincentivador suficiente para el que se siente héroe de la patria? Es dudoso; al fin y al cabo, todos estos chavales viven en la fantasía de que un día ganarán la batalla, se abrirán las cárceles y serán recibidos con honores de héroes en sus pueblos y ciudades. Con la comida de coco que llevan, no creo que la amenaza de 10 años más de cárcel les impresione mucho. El declive de ETA viene más por lo policial que por lo penitenciario. Que caiga un comando tras otro -como está ocurriendo ahora- sí que es desesperanzador. Mucho más que los hipotéticos años de cárcel.

Con todo lo dicho, es difícil evitar la impresión de que Aznar, una vez más, utiliza la cuestión terrorista en provecho propio. El Gobierno está metido en problemas de gran impopularidad. Y Aznar se saca una medida que sabe que es popular, porque sacia los sentimientos de venganza que lógicamente provoca la indignación por cada asesinato etarra. Y satisface a la demagogia que a menudo se hace cuando un juez -aunque sea con todas las razones jurídicas en su favor- excarcela a un etarra. Con la opinión pública muy sensibilizada, Aznar sabe que el PSOE no se atreverá a marcar distancias en este tema. Al contrario: lo va a colocar en una incomodidad sin salida. Porque es difícil que un partido que aspira a la mayoría para gobernar se atreva a coger la bandera de la pedagogía democrática para explicar el sinsentido -y finalmente la ineficiencia- de la extralimitación expiacionista. Pero en realidad, la propuesta de Aznar, por muy vestida que esté y por muchos aplausos que reciba, es un brindis al sol sin otra intención que meter al Prestige en la sombra y preparar una campaña mucho más impopular que el presidente tendrá que emprender en los próximos días: explicar por qué apoya a Bush en la guerra de Irak.

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