Batasuna estudió autodisolverse para eludir su ilegalización, pero ETA no lo permitió

El equipo de abogados de Batasuna propuso antes del verano autodisolver la formación como estrategia para neutralizar su previsible ilegalización a través de la Ley de Partidos Políticos, presentada por el Gobierno el pasado 29 de junio. Pero ETA impidió que su brazo político diera ese paso. Al mismo tiempo, tras un debate interno, la organización terrorista se reafirmó en su voluntad de continuar practicando la violencia, como quedó demostrado en su ofensiva de agosto, que precipitó la aprobación de la ley, según ha sabido este periódico de fuentes peneuvistas.

La determinación de socialistas y populares de promover desde el Pacto Antiterrorista la ilegalización de Batasuna provocó en la primavera pasada otro debate profundo dentro del mundo abertzale para analizar cuál era la mejor forma de evitar ser borrada del mapa político si no logra estar en las próximas elecciones municipales. El equipo de abogados de Batasuna, que ya consiguió notables resultados en la defensa de la Mesa Nacional, aconsejó rebautizar inmediatamente como Sozialista Abertzaleak (socialistas patriotas) a los grupos de electos que Batasuna tiene en todas las instituciones, pero quedaba pendiente la estrategia en lo referente a la propia organización.

Por ello, el equipo jurídico dictaminó que la fórmula más eficaz para salvaguardar los intereses de Batasuna era adelantarse al proceso de ilegalización, procediendo a autodisolver la organización. Se borraba así la marca que mantenía la vinculación con el pasado objeto de persecución y quedaba expedito el camino para poder formar después una nueva organización integrada por personas cuya relación con Batasuna o HB no fuera pública y conocida. Con esta maniobra se trataba de soslayar, según fuentes de la formación independentista, la aplicación de las cautelas introducidas en la Ley de Partidos, que considera fraude de ley el intento de constituir un partido y organización que sea en la práctica una prolongación del ilegalizado.

Propuesta de los abogados

La estrategia de autodisolución propuesta por los abogados debía producirse, por tanto, antes de que se aprobara la ley y se pusiera en marcha el procedimiento de ilegalización de Batasuna. Sin embargo, la autodisolución, que habría tenido importantes repercusiones en la aplicación de la Ley de Partidos, aunque menos para el proceso penal seguido por el juez Baltasar Garzón, ya no es posible desde que el 3 de septiembre se puso en marcha todo el procedimiento.

Este debate sobre las fórmulas de supervivencia de la izquierda abertzale, en medio del cual se contemplaba la arriesgada autodisolución de Batasuna, quedó finalmente zanjado después de que ETA optara por la continuidad de la violencia, como ha sucedido en anteriores situaciones límite, según han señalado a este periódico fuentes del Gobierno vasco. Los mismos medios aseguran que la ofensiva terrorista de agosto, que tuvo su punto crítico en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que causó dos víctimas mortales, sería el reflejo del final de este debate.

Ayer mismo, el consejero de Interior del Ejecutivo vasco, Javier Balza, declaraba al diario catalán Avui que ETA ha tomado la decisión formal de continuar con sus atentados. Balza afirma tener la certeza de que a lo largo del pasado verano ETA llevó a cabo una amplia discusión interna sobre el futuro, en el cual adoptó la decisión firme de continuar utilizando la violencia. "El debate sobre una hipotética tregua se ha zanjado definitivamente", concluye el consejero.

Casi tres meses después de que el juez Garzón decretara la suspensión de Batasuna y la clausura de sus sedes, la formación de Arnaldo Otegi reunió en noviembre, de forma clandestina, a su asamblea nacional. Fue en la localidad guipuzcoana de Pasaia, que tiene alcalde de Batasuna. El mensaje trasladado a los militantes fue que, a pesar de las graves dificultades de funcionamiento, van a agotar todas las vías para presentarse a las próximas elecciones municipales y forales. No obstante, Iñigo Iruin, uno de sus abogados más eminentes, ya anticipó hace unos meses que "la izquierda abertzale tendrá que realizar un trabajo de ingeniería jurídica para presentarse como agrupación de electores". Y advertía de que esa ingeniería podía no ser suficiente ante la voluntad política de impedir su presencia.