El Consorcio ve partidismo en el Tribunal de Cuentas por descalificar su gestión desde 1997

El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia lanzó ayer graves acusaciones contra el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el órgano que fiscaliza a las instituciones y organismos públicos de Euskadi. Considera que el último informe sobre esta entidad tiene falta de independencia y que los auditores han sido presionados por partidos políticos en las conclusiones del estudio. En él se habla del desvío de fondos por más de 115 millones de euros, la ilegalidad de los negocios en el extranjero, contrataciones a dedo y cobros "improcedentes" de las tasas de agua.

La difusión del borrador del informe sobre la gestión del consorcio entre 1997 y 2001 que prepara desde este verano el Tribunal de Cuentas -después de que no se terminara un anterior informe referido a los ejercicios de 1997 y 1998-ha motivado la ira del consorcio vizcaíno. Su presidente, Iñaki Etxebarria (PNV), cuya labor se encuentra en entredicho desde hace dos años, dijo ayer que el borrador aprobado el pasado viernes se identifica con las denuncias que han realizado el PP y el PSE. Reprochó que el estudio del Tribunal de Cuentas, que pasará por un nuevo plazo de alegaciones antes de su aprobación definitiva, haya sido dirigido por una consejera en representación del PSE, pese a que fue elegida por el pleno del tribunal -donde tiene mayoría el PNV- para garantizar la imparcialidad. Y añadió que el técnico que ha dirigido la auditoría, José Ángel Quintanilla, fue anteriormente consejero del órgano fiscalizador propuesto por el PSE.

Con estos hechos, valoró que el estudio ha tenido "condicionantes políticos". Etxebarria agregó otra soprendente argumentación, para "que se vea la carga de contenido político": dijo que las horas empleadas en el informe han sido las mismas que para los estudios fiscalizadores de la Diputación, que tiene "15 veces más personal que nosotros y 12 veces más de gasto de gestión".

El Tribunal Vasco de Cuentas, creado en 1989 y que desde 1990 realiza informes sobre las distintas administraciones y entidades públicas, no ha recibido hasta ahora acusaciones de este calado. Hasta ahora otras instituciones vascas habían censurado algunos informes pero nunca han hablado de intervenciones políticas. De hecho los estudios del tribunal se suelen aprobar por unanimidad. Ahora el órgano fiscalizador está presidido por María Asunción Macho, propuesta por el PNV, al igual que el vicepresidente Jesús Álvarez y el vocal José María Gorordo. La dirección se completa con Gotzon Olarte (EA), Rafael Iturriaga (PSE), Begoña López (PSE) -la consejera que ha dirigido la auditoría del consorcio- y Gonzalo Vera-Fajardo (PP).

"Sólo" tres votos

En el caso del borrador del informe del consorcio vizcaíno, fue aprobado con los votos de los tres consejeros de PSE y PP, mientras que lo rechazaron Álvarez y Olarte. Se abstuvieron Gorordo y la presidenta. Ésta porque su hijo es uno de los directivos de la entidad.

Iñaki Etxebarria censuró también la votación en el pleno y valoró que el informe no ha sido aprobado "por la mayoría", sino por "sólo" tres miembros. Instó al órgano fiscalizador a resolver esta situación. "No puede ser que dos miembros se abstengan, puesto que no refleja la relación de fuerzas del Parlamento".

Etxebarria expuso que desde octubre, cuando recibieron un preinforme, las conclusiones se han endurecido. Para sostenerlo presentó algunos contenidos del borrador, que ahora habla de "importantes deficiencias" cuando en octubre se expresaba que había cumplido "razonablemente" la legalidad.

Rechazó, como en estos dos últimos años, cualquier desvío de fondos del Plan Integral de Saneamiento. El informe, como sucedía en la única fiscalización anterior del Tribunal de Cuentas sobre la entidad de aguas, referida a 1992, señala el incumplimiento del decreto del Gobierno central de 1980 que autorizó a incrementar la tarifa del agua de los vecinos del Gran Bilbao con un recargo del 100% para destinarlo "exclusivamente" a las obras del Plan de Saneamiento. Este supone la mayor inversión pública actual en Euskadi y costará 600 millones de euros. El recargo proporciona cerca de 18 millones de euros anuales.

El órgano fiscalizador ha estimado que entre 1992 y 1997 se desviaron a otros fines 115 millones de euros que deberían haber sido destinados sólo al saneamiento. Etxebarria dijo que el Tribunal de Cuentas "ha despreciado" las opiniones de cuatro auditores externos, que avalan el destino de esos excedentes también a gastos de personal y de funcionamiento.

La oposición en el Ayuntamiento de Bilbao volvió a pedir ayer la dimisión de Etxebarria. Juana Iturmendi (PP) tachó de "gravísimas las descalificaciones" al tribunal y consideró muy "significativa" la división entre los vocales del PNV. Raul Fernández (PSE) añadió que el informe es similar al de 1992 y "desde entonces se profundizan las irregularidades". Julia Madrazo (IU) dijo que se avala la necesidad de la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Bilbao.