La Comisión Arbitral se renueva en pleno auge de pleitos entre instituciones

La Comisión Arbitral, el organismo creado por las instituciones vascas hace seis años para mediar en los conflictos de competencias entre el Gobierno y las diputaciones, sólo ha intervenido en cinco litigios durante este tiempo. Sin embargo, en los dos últimos años su actividad se ha multiplicado por un inusitado incremento de la litigiosidad entre el Ejecutivo vasco y los gobiernos forales.

Esta conflictividad concede una importancia especial a la renovación parcial de los miembros de la Comisión Arbitral, que se realizará hoy en un acto oficial convocado en el Parlamento vasco. Destaca la continuidad del ex vicelehendakari Mario Fernández y la elección del también abogado Fernando Campo, ex dirigente de Euskadiko Ezkerra, en sustitución de Juan Ramón Guevara, por parte de la Diputación de Álava.

La Comisión Arbitral es una institución más importante que conocida. Ejerce la función de mediación entre administraciones vascas cuando se disputan alguna competencia. Su funcionamiento se rige por una ley aprobada en 1994, con más de diez años de retraso sobre lo previsto. La creación de la Comisión Arbitral está prevista en el artículo 39 del Estatuto de Gernika de 1980, aunque el plazo comenzó a correr con la aprobación de la Ley de Territorios Históricos en 1983. Pero su puesta en marcha tampoco resultó sencilla. No echó a andar hasta el 13 de diciembre de 1996 y se necesitaron dos años para que las instituciones se pusieran de acuerdo al elegir a sus representantes. Hay dos requisitos imprescindibles: ser licenciado en Derecho y con una experiencia contrastada como jurista.

La puesta en marcha de este órgano estatutario que es la Comisión Arbitral estuvo llena de dificultades. Las diferencias internas en el entonces Gobierno tripartito (PNV, EA y PSE) hicieron que, en los años noventa, los socialistas pusieran objeciones a los tres representantes que debía asignar el Ejecutivo. Finalmente fueron los profesores universitarios de Derecho Administrativo Iñaki Lasagabaster y Edorta Cobreros, además de Mario Fernández, abogado y vicelehendakari en la etapa de Carlos Garaikoetxea. Los tres han terminado sus seis años reglamentarios en el cargo. Sin embargo, el Gobierno vasco, con un tripartito diferente (PNV, EA e Izquierda Unida), ha decidido mantener a los mismos tres representantes en la Comisión Arbitral. No se han producido fricciones.

En la Diputación de Álava, gobernada entonces con la fórmula PNV-EA-PSE, también se produjeron discrepancias importantes. Los socialistas se opusieron a la designación de Juan Ramón Guevara, prestigioso abogado y militante del PNV que fue consejero de Presidencia y Justicia con Ardanza en el periodo 1986-91. El PSE prefería en el cargo a Pascual Jover, ahora presidente de la Caja Vital. Sin embargo, se impuso el candidato del PNV. Ahora que se cumplen los seis años de Guevara en el cargo, la Diputación ha elegido a un sustituto, Fernando Campo, ex decano del Colegio de Abogados de Álava y ex dirigente de Euskadiko Ezkerra. La elección se ha consensuado entre el PP y los socialistas, que apoyan desde la oposición al Gobierno foral. De hecho, se ha propuesto a iniciativa del PSE.

En la Diputación de Guipúzcoa el relevo se produjo a mediados de este año, al renunciar a su cargo la magistrada Coro Cillán. Su sustituto fue el catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Castells, que continuará en su cargo en el próximo sexenio. En la Diputación de Vizcaya, el Consejo de Diputados ya tomó la decisión en octubre. Ha sustituido al jurista José Gabriel Mariscal por Andrés María Urrutia, notario, académico de número de Euskaltzaindia y profesor de Derecho en la Universidad de Deusto.

La Comisión Arbitral está compuesta por siete miembros, tres elegidos por el Gobierno, otros tres por las diputaciones, y un presidente, que es por ley el del Tribunal Superior del País Vasco, ahora Manuel María Zorrilla.

Actividad creciente

La actividad de la institución, que se reúne en el Parlamento vasco, aunque es escasa, ha ido creciendo con el tiempo. En los primeros cuatro años de existencia sólo trató un conflicto, en 1999, entre la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco, a propósito de las ayudas agrarias de la UE. La Comisión Arbitral ni siquiera tuvo que tomar una decisión. Las dos administraciones llegaron antes a un acuerdo amistoso.

A pesar de que la hegemonía histórica del PNV en las instituciones vascas ha podido favorecer la ausencia de litigios, el aumento de la conflictividad registrado desde 2001 no está relacionado diractamente con el hecho de que la Diputación de Álava esté gobernada por el PP desde 1999.

La Comisión admitió primero un conflicto no presentado por el Gobierno contra una norma foral de Guipúzcoa, en relación a la elección de consejeros para la Kutxa. Después apoyó también al Gobierno cuando recurrió un proyecto de norma presentado por EH sobre la representación de las Juntas Generales de Vizcaya en entidades públicas y privadas. El año pasado se presentó ante la Comisión el asunto que más trabajo ha dado a sus miembros: el conflicto del Gobierno con las tres diputaciones sobre quién debe gestionar el control del tráfico en las carreteras. Todavía está pendiente de resolución, después de que Interior y los gobiernos forales se hayan recurrido mutuamente decretos y anteriores resoluciones de la Comisión.

El último conflicto en el que ha debido intervenir se refiere a un proyecto de norma sobre presupuestos municipales que ha aprobado la Diputación de Vizcaya y que, al recurrirla el Gobierno vasco, ha quedado suspendida. La Comisión debe resolver el caso.