El Tribunal de Cuentas demora la auditoría del Consorcio de Aguas

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no presentará este año una auditoría completa del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, sobre el que pesan graves denuncias del PP y del PSE por desvío y malversación de fondos públicos. Aunque su presidenta, María Asunción Macho, se comprometió en junio pasado ante el Parlamento a presentar el informe antes de concluir 2002, éste deberá esperar hasta el primer trimestre del año. La auditoría analizará las cuentas de la entidad que abastece al 90% de la población vizcaína entre 1997 y diciembre de 2001.

El pleno del órgano fiscalizador aprobó este viernes el borrador del informe, que ahora se encuentra abierto a las alegaciones del consorcio antes de su aprobación definitiva. Un portavoz del órgano fiscalizador señaló que, tras la comparececia en junio de la presidenta, el pleno del tribunal acordó presentar un borrador antes de que finalizase el año y el informe definitivo en los primeros meses de 2003. "Se ha realizado el trabajo en un tiempo récord para que el borrador estuviera antes de que finalizase el año", añadió la misma fuente.

La presidenta, María Asunción Macho, dijo el pasado 5 de junio que antes de finalizar el año presentaría la auditoría completa de las cuentas del organismo público desde 1997 hasta diciembre de 2001. Este asunto se vio envuelto en la polémica porque la auditoría de los ejercicios de 1997 y 1998 aún no se conoce. El motivo de la demora fueron las sucesivas ampliaciones de información solicitadas por la Comisión Técnica de Auditores (CTA), un foro integrado por los auditores jefes del tribunal y en el que se analizan todos los informes antes de ser aprobados en sesión plenaria por el órgano fiscalizador.

En diciembre de 2000 se presentó el primero borrador del informe ante la CTA pero ésta propuso una serie de cambios y ampliaciones, por lo que su elaboración se paralizó en febrero de 2001, cuando los técnicos inquirieron sobre las cantidades dedicadas al Plan Integral de Saneamiento, el motivo de las acusaciones de desvío de fondos. Medios consultados señalaron que, según los técnicos, "los datos no cuadraban".

En el destino de lo recaudado para el saneamiento se ha basado el PSE de Bilbao para asegurar que el consorcio vizcaíno de agua ha desviado fondos por un importe de entre 120 y 270 millones de euros. Los socialistas creen que no se han destinado al Plan Integral de Saneamiento del Gran Bilbao -la principal actuación del consorcio, que es además la mayor inversión pública actual en Euskadi con un presupuesto superior a los 600 millones de euros- la totalidad del canon de saneamiento que pagan desde 1981 los vecinos del área metropolitana.

Informe bloqueado

Un decreto del Gobierno central autorizó en 1980 a incrementar la tarifa del agua de los vecinos con un recargo -que desde 1987 es el 100% de lo que correspondería en cada caso-pero con el condicionante de que se destinara sólo a las obras de saneamiento. La dirección del consorcio ha insistido en que la sobretasa del agua ha sido invertida "única y exclusivamente" en las actividades de saneamiento.

El informe pendiente del consorcio estuvo bloqueado desde febrero de 2001 hasta que en junio pasado el Tribunal de Cuentas decidió no concluir el estudio sobre los ejercicios de 1997 y 1998 y elaborar una auditoría completa desde 1997 hasta diciembre de 2001.

María Asunción Macho, que fue nombrada en representación del PNV, quiso despejar las dudas sobre la imparcialidad del estudio al nombrar como responsable del mismo a la consejera Begoña López, del PSE, y además se ha abstenido de intervenir en su discusión debido a que uno de sus hijos, Jon Loidi, es uno de los directivos del consorcio.

El pleno del organismo público pretende resolver el informe de manera rápida y, por ello, ha concedido un plazo de 15 días hábiles -lo habitual es un mes- al consorcio para que presente sus alegaciones antes de su estudio y la aprobación definitiva, que se espera para los primeros meses de 2003.