El Parlament aprueba la estructura del Código Civil catalán y el primero de los seis libros que lo integrarán

El Parlament aprobó ayer la ley que define la estructuración de las diversas normas del derecho civil catalán en un Código Civil "abierto". Junto a la estructura general se aprobó también la que constituye su primera parte, referida a las disposiciones generales.

Los legisladores catalanes han seguido la experiencia holandesa en esta materia y han decidido estructurar la legislación civil de Cataluña que en conjunto tiene que constituir el Código Civil de esta comunidad en seis libros: el primero se ocupa de las disposiciones generales; el segundo, de la persona y la familia; el tercero, de la persona jurídica; el cuarto, de las sucesiones; el quinto, de los derechos reales, y el sexto, de las obligaciones y los contratos.

Este sistema permitirá elaborar el Código Civil por libros o partes de libro, de manera que integren en cada uno tanto la nueva legislación como la refundición o modificación de las normas ya existentes.

La aprobación de este proyecto dio lugar a un denso debate, en el que todos los grupos parlamentarios, excepto el de CiU, recriminaron al Gobierno de Jordi Pujol haber acelerado en exceso los trabajos previos con el único objetivo de poder presentarse a las próximas elecciones autonómicas como el promotor del Código Civil de Cataluña.

En esta crítica coincidieron tanto el grupo parlamentario del PP, que apoya al Gobierno de Pujol, como los grupos de la oposición. La diputada portavoz del PP, Dolors Nadal, criticó además que con las "prisas electorales", el Gobierno de Pujol y el grupo parlamentario de CiU hayan reducido el Código Civil catalán a "una carcasa en la que ir colocando unas leyes que todavía no hemos elaborado, o bien la mera copia de partes del Código Civil español". Todo ello en perjuicio, agregó, de la "especificidad" que caracteriza el derecho civil catalán.

Estas acusaciones fueron rechazadas por el diputado de CiU Jaume Camps, quien lamentó que en esta ocasión se haya roto la unanimidad con que se habían aprobado desde 1984 las leyes que han desarrollado y modernizado diversas figuras del derecho civil catalán. Lo que sucede ahora, sostuvo, es que el Gobierno del PP "ha levantado la veda" contra el derecho civil catalán", y ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional contra la aprobación de esta primera parte del Código Civil catalán, como ha hecho en esta legislatura con varias de las normas aprobadas en desarrollo del derecho civil.

El PP considera que en el proyecto aprobado ayer son recurribles ante el Tribunal Constitucional aspectos como la territorialidad de la legislación civil, la reproducción de partes del Código Civil español y la legislación sobre caducidad.

Aunque los diputados del grupo socialista, los de Esquerra Republicana (ERC) y los de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) votaron a favor del proyecto, sus portavoces criticaron también la actuación del Gobierno en este asunto. "Las prisas electorales han puesto en peligro la buena téctica legislativa", aseguró el republicano Joan Ridao.

Josep Maria Vallès, del PSC-Ciutadans pel Canvi, advirtió que si bien es "útil" establecer un "cuadro abierto" para la legislación civil catalana, incluir en él partes del código español "puede llevar a la "redundancia y confusión". Por otra parte, agregó, en esta materia "destacar las diferencias o buscar la originalidad no es un valor".

Por otra parte, la Cámara aprobó, también con el voto en contra del PP, una proposición defendida por Ridao (ERC) para solicitar el traspaso a la Generalitat de la facultad de convocar referendos en Cataluña.