Ciudad hongo
La muy noble y leal oposición socialdemócrata y castellonense, por ver si se han producido irregularidades delictivas en la adjudicación de los terrenos de la antigua estación de Renfe en la capital de la Plana, ha presentado una querella judicial ante los tribunales que determinará si los munícipes principales del gobierno de la derecha, con Jose Luis Gimeno a la cabeza, han incurrido en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad de documento público. Algo absolutamente normal en democracia, y algo absolutamente normal cuando se está en la oposición y se han de controlar las actuaciones del gobierno municipal. Si esas irregularidades que entran en el ámbito de lo penal se cometieron, la personal y modosa figura del alcalde Gimeno seguirá en la hornacina beatífica en la que lo quieren sus correligionarios, adláteres y una parte nada desdeñable del electorado. Si, por el contrario, las pruebas y recibos, que ha presentado la necesaria oposición junto a su denuncia, no tienen la consistencia suficiente para que un juez dictamine que en esas actuaciones municipales hubo prevaricación y lo demás, esa oposición se habrá equivocado, pero habrá cumplido con sus obligaciones con respecto al control del gobierno. Y el modoso y equilibrado Ignacio Subías seguirá siendo el equilibrado y modoso cabeza de la oposición municipal que cumplió con su deber. Y parece como mentira que una argumentación tan básica en democracia se deba formular una vez más ante la avalancha de despropósitos que envuelven el caso.
Despropósito, ya se sabe, es lo dicho o hecho fuera de razón, sentido o de conveniencia. Despropósito es asegurar como asegura el otro Jose Luis, segundón circunstancialmente al frente de la Generalitat Valenciana, que la querella de la oposición no prosperará porque la actuación del alcalde Gimeno al frente de los intereses municipales es "intachable". Sin juzgar la actuación del alcalde, cabría indicarle a José Luis Olivas que infalible sólo lo es el sumo pontífice de Roma entre los creyentes católicos, y que la infalibilidad de quien no puede engañar ni equivocarse en los pontífices, fue proclamada dogma en circunstancias históricas y políticas especiales: cuando a los papas les acababan de arrebatar el gobierno terrenal de los estados pontificios.
Despropósito del provincianista Carlos Fabra acusando a la oposición de buscar lío y crear bulla pública; además de desviar la atención hacia los técnicos y funcionarios en la cuestión, como si los cargos políticos fueran ajenos, en cuanto a responsabilidad se refiere, a la actuación de funcionarios y técnicos. Comparar a los miembros de la oposición con ministros hitlerianos o acusarlos de la pérdida de la ética política, como hace Fabra, es como tropezar con sus propias declaraciones. Porque da la impresión de que, por donde el partido de Fabra, se ha perdido el sentido común ante una iniciativa normal en democracia, cuando se tienen indicios, o quizás pruebas, de que se ha cometido una irregularidad y se presenta una querella.
Despropósito, también, del portavoz del PSOE Jordi Sevilla, que aprovecha la querella para generalizar y acusar a los de derechas, y de forma indiscriminada, de impunes y tramposos en su actuación pública. Aunque querellarnos y de forma lastimera deberíamos hacerlo los ciudadanos de la calle por la desastrosa morfología urbana de Castellón, por tener esta ciudad hongo de urbanismo vertical, sembrado de especulación y revalorizaciones. Ahí está el ejemplo de los terrenos de la Renfe, motivo de la querella.
