El futuro de la formación continua

Las noticias recientes sobre irregularidades en la formación, unido a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho de la Generalitat de Cataluña, y por tanto todas las comunidades autónomas, de gestionar la formación, son razones más que suficientes para reflexionar sobre una materia que tiene un interés creciente en las relaciones laborales y en el empleo.

La sentencia del Constitucional obligaba a revisar o adaptar los vigentes III Acuerdos estatales de Formación. Las noticias recientes y su sobredimensionamiento periodístico pone en evidencia que hay importantes intereses de fondo en revisar un modelo que ha permitido que se formen millones de trabajadores y donde ha habido una participación paritaria entre patronales, sindicatos y administración. El sistema ha funcionado bien en lo fundamental. Chapuzas y fraudes -de CC OO, ninguno- ha habido como hay siempre en toda actividad humana, pero éstos han tenido un carácter porcentualmente muy pequeño sobre el volumen total gestionado, apenas un 0,2% en el reciente informe del Tribunal de Cuentas. Sería deseable que las haciendas funcionasen con una eficacia contra el fraude fiscal no menor.

Destapado el tarro aparecen claramente los intereses en juego. Las patronales están más interesadas en recortar sus cotizaciones sociales, ente las que se encuentra la cuota de formación profesional, que en mantener un modelo que les obliga a concertar con los sindicatos. Si además se añaden incentivos fiscales a la rebaja, mejor que mejor. La Administración central, que al principio dejó la formación en manos de patronal y sindicatos, ha ido aumentando su peso a lo largo de los tres acuerdos estatales (en Euskadi la Administración tenía presencia desde el principio), hasta el punto de que hoy es determinante. Parece ser que ambas quieren dar un paso más y dejar fuera a los sindicatos. Los empresarios, con las reducciones de cuota y los favores de los gobiernos, tienen escaso interés en acordar los planes de formación con los representantes de los trabajadores. Saben que los gobiernos, sean del color que sean, se van a poner a su disposición.

Tenemos el riesgo de retroceder diez años en la formación; es decir, volver a los tiempos en que el Inem (cámbiese ahora por las administraciones autonómicas), se lo guisaba y se lo comía con las empresas, especialmente con las de cierto tamaño que tienen departamentos de recursos humanos con capacidad para gestionar los planes de formación. ¿En manos de quien quedará la formación en pymes y microempresas? ¿Qué será del derecho de los trabajadores a la formación y a participar en su planificación y gestión? Ante esto, algunos sindicatos de Euskadi, alegres y combativos ellos, se han metido en la refriega con una visión cortoplacista y restringida de las relaciones laborales que, una vez más, les sitúa, quieran o no, al lado de las posiciones más reaccionarias en toda esta cuestión.

Falta saber qué pasaría en Euskadi si se transfiere la formación continua a las comunidades autónomas pero de eso hablamos otro día, porque mucho nos tememos que va a ir al anexo presupuestario del lehendakari por años.