Preocupación por la cultura científica
En la cumbre europea de Lisboa (marzo de 2000), la Comisión Europea adoptó la decisión de crear la European Research Communication Area con el fin de establecer una mayor coherencia de la investigación y aumentar el impacto sociopolítico de estas actividades. En colaboración con los estados miembros se configuró un programa de análisis para conocer el estado la ciencia en Europa y proponer políticas futuras que incrementen su competencia, con el objetivo -añadido en la cumbre de Barcelona de marzo 2002- de aspirar a una convergencia de todos los países para alcanzar una inversión media del 3% del PIB europeo con destino a investigación científica (actualmente, un 2% para el conjunto de la Unión Europea y de aproximadamente sólo un 1% para España).
Fueron creados cinco grupos de expertos para abordar este proceso prospectivo en I+D: recursos humanos y profesionales; inversión pública y privada; productividad científica y tecnológica; impacto económico y laboral, y promoción de la cultura científica y percepción pública de las ciencias. En agosto pasado se completaron los correspondientes informes que ya son públicos (*).
Los resultados y recomendaciones serán incorporados a los criterios del VI Programa Marco que la Comisión Europea lanzó el pasado mes de noviembre y están siendo asimismo ampliamente diseminados entre todos los estados para que los respectivos gobiernos puedan diseñar políticas eficaces, si lo consideran oportuno, para la mejora de su competencia en estas áreas. La próxima presidencia griega -a partir de enero de 2003- ha anunciado que realizará una amplia reflexión sobre todos estos resultados los días 17 y 18 de enero en Atenas, seminario en el que participarán representantes de alto nivel de todos los países y de los grupos de expertos.
Una de las señales de alarma que se han encendido ha sido la clara disminución de vocaciones científicas entre la juventud europea: Estados Unidos cuenta con 8 investigadores/as por cada mil personas activas; Europa, con algo más de 5, y España se sitúa claramente por debajo del 4 de media, concretamente 3,7 científicos/as por cada mil españoles o españolas activos. El problema, sin duda, ya comienza en la educación básica. El catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Vicenç Navarro, ha recordado recientemente en su libro -de muy recomendable lectura- Bienestar insuficiente, democracia incompleta (Editorial Anagrama): "Los estudiantes de las escuelas españolas están entre los que tienen peores indicadores en comprensión y capacidad de lectura y en conocimiento científico".
Al déficit educativo se le añaden otros dos conflictos de singular importancia: las enormes dificultades que en muchos países tienen los jóvenes para desarrollar en condiciones una carrera científica y la falta de tradición cultural científica de sociedades como la nuestra. Por ello, otra señal de alarma que preocupa, y mucho, es la poca evolución positiva que hemos experimentado en el Viejo Continente en los niveles de conocimiento científico entre la población desde el último Eurobarómetro de estas características, que se realizó en 1992. Incluso en algunos aspectos podemos considerar que hemos experimentado un cierto retroceso: dos tercios de los europeos consultados consideran que están mal informados sobre ciencias y tecnologías. Y está claro que en una sociedad con bajo nivel cultural científico va a ser muy difícil impulsar políticas que permitan corregir nuestro evidente euroescepticismo científico, además de la poca sensibilidad social y política que se tendrá para afrontar el debate sobre los muchos problemas éticos que nos plantea la innovación científica.
Por esta razón, la Comisión Europea decidió añadir el análisis de los problemas que plantea la difusión y percepción públicas de las ciencias, aspecto que hasta ahora había permanecido inédito en la política europea. Se abre así la necesidad de que las diferentes administraciones -comunitaria europea, estatal, regional/autonómica y municipal- pongan en práctica políticas adecuadas para romper definitivamente con la errónea y acomodaticia coexistencia de dos culturas -literaria/humanística y científica/tecnológica, a veces incluso antagónicas- que hemos arrastrado durante todo el siglo XX y que los diferentes gobiernos practiquen políticas activas para impulsar la cultura científica entre la ciudadanía.
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