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Montoro: "No hace falta que lo diga la Audiencia, ya sé que me queda por pagar el 2% a Andalucía"

El Gobierno decidirá la próxima semana si recurre e insta a la Junta a un acuerdo global

Lourdes Lucio

El Gobierno central decidirá la próxima semana si recurre al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que declara nula una resolución de la secretaría de Estado de Hacienda que omitía la liquidación definitiva (2%) de los fondos presupuestados para Andalucía en 1997, unos 80 millones de euros. El Ejecutivo cree que la Junta tiene razón, a tenor de lo dicho ayer en Sevilla por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de un acto conmemorativo de la Constitución: "No hace falta que me lo diga la Audiencia, ya sé que me queda [por pagar] el 2%".

La sentencia de la Audiencia, conocida el pasado mes de julio, es el primer revés judicial en el largo conflicto entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía por el anterior modelo de financiación autonómica (1997-2001). La Junta tiene recurridos a la Audiencia Nacional todos los ejercicios del quinquenio en cuanto a la liquidación del 100% de los fondos presupuestados para la comunidad en esos años. Y también ha presentado demandas al Tribunal Constitucional por considerar que los recursos que le envió el Gobierno no estaban ligados al censo de población real.

El pasado mes de septiembre, el presidente andaluz, Manuel Chaves, y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, acordaron abrir dos mesas de trabajo para intentar un acuerdo sobre la liquidación financiera y el traspaso de las políticas de empleo. Ambos se dieron de plazo finales de año para llegar a un pacto y acordaron que fueran los Presupuestos Generales del Estado la norma que, en ese supuesto, lo recogiera.

El Gobierno central decidirá si recurre la sentencia de la Audiencia la semana próxima, aseguró ayer Montoro, quien, al contrario que en otras ocasiones, empleó un tono conciliador en sus declaraciones. "Nuestra voluntad es liquidar la financiación pendiente, porque Andalucía es la única comunidad que queda. La sentencia es una oportunidad para liquidar, siempre que sea el final de los procedimientos judiciales abiertos", advirtió.

El ministro aludió expresamente a los recursos planteados por el Gobierno andaluz al Tribunal Constitucional sobre el anterior modelo de financiación en el que no se recogía el censo real de la población de la comunidad, la otra pata argumental de la Junta para oponerse al antiguo sistema. Montoro aseguró que esos recursos de inconstitucionalidad "tocan la esencia" del anterior sistema y que eso "es un disparate" y a lo que "renunciaron" Extremadura y Castilla-La Mancha, las otras dos comunidades socialistas que no se acogieron al modelo de financiación vigente durante el quinquenio 1997-2001. "No voy a cerrar sobre la provisionalidad. Hay que desactivar otros procedimiento porque si no ¿de qué estamos hablando?, de nada", dijo Montoro a un reducido grupo de periodistas.

Aunque no aclaró si el Gobierno recurrirá al Supremo la sentencia de la Audiencia -el plazo para la presentación acaba el día 20-, el ministro sí reconoció que la Junta tiene razón: "No hace falta que me lo diga la Audiencia, ya sé que me queda [por pagar] el 2%". También expresó su preocupación por la situación política en la que quedaría el Gobierno central si no hay acuerdo: "No quiero que sea el Gobierno el que obstaculice el cierre".

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En el acto celebrado en la Delegación del Gobierno para conmemorar el 24 aniversario de la Constitución, Montoro, que hizo un largo aparte con la presidenta del PP, Teófila Martínez, no escatimó elogios a Andalucía, comunidad de la que dijo tiene un "futuro espléndido", ha tenido "una asombrosa transformación social", "ha crecido económicamente más que Europa", su evolución en la creación de empleo es "la más notable" y la "magnitud de sus cambios" va en "paralelo" a los de España.

Por el contrario, Manuel Chaves nada dijo de la evolución de Andalucía y urgió a la necesidad de acuerdos para "avanzar" en la incardinación de las comunidades en el Estado.

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