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PP e IU rechazan crear una comisión de investigación sobre los nuevos barrios

El Ejecutivo regional ejercerá la acción popular en el caso de los estafados por una promotora

El grupo parlamentario socialista se quedó ayer solo en la Asamblea de Madrid. El diputado del PSOE Antonio Fernández Gordillo reclamó en los pasillos del hemiciclo la creación de una comisión que investigue lo que está ocurriendo en los nuevos barrios de Madrid. Pero ni el grupo parlamentario del PP ni IU le apoyaron, por lo que no habrá investigación. El PP sólo aceptó una proposición no de ley presentada por IU para que el Gobierno regional actúe de oficio en los casos en que se detecten anomalías en la construcción de viviendas. El PSOE se abstuvo.

La desesperación de miles de familias, la amargura de esa vivienda imposible llenó ayer el salón de plenos de la Asamblea de Madrid. Lo trajeron los grupos parlamentarios del PSOE e Izquierda Unida que, sin embargo, no encontraron los puntos de coincidencia necesarios para ir juntos en algo que muchos reclaman. La oposición estuvo ayer dividida.

Fue Antonio Fernández Gordillo (PSOE) quien primero, en la comparecencia del vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, planteó el derecho de los ciudadanos a tener una vivienda asequible. Luego, Juan Ramón Sanz (de IU) defendió una proposición no de ley para que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón actuase de oficio en esos casos en los que "se detecten anomalías en la construcción de viviendas".

Esto es, que con carácter inmediato la Administración regional intervenga ante los primeros indicios de estafa y que no vuelva a repetirse nunca más una situación como la de la promotora CPV, que ha dejado sin casa a unas 1.200 familias. En este caso concreto, el Ejecutivo regional ejercerá, según la propuesta aprobada ayer en el Parlamento de Vallecas, la acción popular.

Negativa del PSOE

Renunció IU al tercer punto de su proposición no de ley que había presentado: que se anulase el decreto sobre liberalización de la venta de suelo para vivienda protegida. Aceptaba así la condición que el PP había impuesto para apoyar su propuesta. Pero no consiguió Juan Ramón Sanz convencer al PSOE, probablemente en represalia al anuncio de IU de no apoyar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la CPV impulsada por los socialistas. Por eso, el PSOE se negó a votar a favor de la proposición de Izquierda Unida.

Explicó Juan Ramón Sanz, de cara a sus compañeros de oposición, la improcedencia de crear una comisión con un Parlamento que vive los últimos meses de legislatura. Y debido a que, además, esa comisión podía ser utilizada para atacar, de paso, a todo el movimiento cooperativo.

Para la creación de una comisión de investigación, el PSOE necesitaba a Izquierda Unida. El reglamento de la Cámara establece, casi de forma automática, el nacimiento de esta figura con el único requisito de que así lo soliciten dos grupos parlamentarios.

El portavoz socialista Pedro Sabando lamentó la negativa de IU. Y fue el PP el que se unió a la propuesta de Sanz. Detrás quedaronn malentendidos y resentimientos, porque había sido el PSOE quien, sin consultar a IU, había anunciado días pasados la solicitud de una comisión sobre la CPV, dando por supuesto el apoyo de Izquierda Unida. Pero en política no hay nada seguro.

Se apresuró el Partido Popular a aceptar la proposición que defendió Juan Ramón Sanz, una vez que retirara ese tercer punto de anular el decreto sobre liberalización del suelo. Los socialistas se abstuvieron.

El caso es que lo que pudo haber sido una decisión unánime quedó aprobada con una oposición dividida. Tal vez por eso, la Cámara regional había rechazado otra proposición no de ley para la creación de un Plan de Salud Mental que defendió el socialista Eduardo Sánchez Gatell.

Las iniciativas de carácter médico tuvieron escaso éxito en la sesión plenaria de ayer. El Partido Popular echó abajo la proposición que defendió el socialista Lucas Fernández y que -esta vez sí- estuvo apoyada por sus compañeros de IU, pidiendo al Ejecutivo regional que instara al Gobierno central a promover y financiar las investigaciones con células madre.

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