El Ayuntamiento de Ripollet acusa de sedición a dos líderes vecinales por sus airadas protestas

Delito de sedición. Así cataloga el Ayuntamieno de Ripollet la actuación de dos dirigentes vecinales que han participado en airadas protestas contra proyectos municipales. La acusación ha causado sorpresa en medios jurídicos por las resonancias franquistas de esta figura jurídica. Según el Código Penal, sedición es "un alzamiento público y tumultuoso para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de la ley o de cualquier autoridad el legítimo derecho de sus funciones". Éste es el delito que imputa el Ayuntamieno de Ripollet a los dos dirigentes vecinales.

Las penas por este delito van de 8 a 10 años. Francisco Guerrero, de 59 años y presidente de la Federación de Vecinos de Ripollet, y Eduardo Giménez, de 47, presidente de la Asociación de Vecinos de Can Vargas, son los dos líderes a quienes el Ayuntamiento socialista de Ripollet apunta con el dedo.

Son los portavoces de la Plataforma Vallès Net (PVN), un movimiento contra la instalación de una planta de tratamiento de residuos, Ecoparc 2, ubicada en el término de la población de Montcada, pero a pocos metros de las casas de Ripollet. La PVN se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de Ecoparc 2 y ha acudido a casi todos los plenos. Los más tensos, en los que el consistorio opina que se cometió el presunto delito de "sedición", fueron los de octubre y diciembre del año pasado, y febrero y abril de este año.

Concejales zarandeadas

En el de octubre, según el Ayuntamiento, los dos acusados "insultaron al alcalde y solicitaron su dimisión, y asediaron a distintos concejales, chillaron y silbaron sin descanso, y se suspendió el pleno". En el diciembre, "un ruido intenso impidió el inicio del pleno y el desarrollo de la sesión". El más crispado fue el de febrero de este año. En él, según el consistorio, las concejales Rosa Espàrrach y Rosa María Martín, del PSC, resultaron heridas. A la primera, se afirma en el sumario, "se le dio un golpe en el estómago y una avalancha de personas la zarandeó" y la echó al suelo. Martín asegura que "la zarandearon y alguien le dio un golpe por la espalda".

El alcalde, Juan Parralejo, afirma que ha seguido adelante con la querella porque "estas personas actuaron contra las instituciones democráticas, contra los representantes escogidos por el pueblo, e impidieron la celebración de un pleno". Enric Leira, de la junta de gobierno del Colegio de Abogados, admite que no oía nada parecido "desde la época de Franco. Este tipo de delitos no se pueden aplicar contra un movimiento vecinal, no tiene ningún sentido".

Lo mismo opina la juez del Juzgado número 6 de Cerdanyola, que ha rechazado dos veces trámitar la acusación de sedición y la batería que la sigue: manifestación ilícita, perturbación de un pleno y atentado contra la autoridad. La única acusación que ha admitido la juez es la de desorden público porque "supuestamente se impidió la celebración de sesiones plenarias y se produjeron agresiones a miembros de la corporación local". "No podemos admitir", afirma la juez, "que haya delito de sedición". Por lo que respecta a la manifestación ilícita, tampoco, porque "la manifestación no se celebró para cometer un delito ni se utilizaron armas, artefactos explosivos u otros medios peligrosos".

El Ayuntamiento insiste y ha acudido a la Audiencia de Barcelona para que sea admitida a trámite la querella por delito de sedicion.