El fiscal amplía las acusaciones por el caso de los aparcamientos de Málaga

El concejal de Circulación de Málaga, Antonio Cordero (PP), no aclaró ayer durante su testificación como imputado por presunta prevaricación en los contratos de aparcamientos municipales porque se pagó dos veces uno de los proyectos. Tras oír su declaración, el fiscal pidió que se impute de un presunto delito de tráfico de influencia a dos técnicos del departamento, uno de los cuales fue beneficiado con una adjudicación.

Las diligencias instruidas por el juez tienen su origen en una denuncia presentada por el PSOE contra Cordero, en su calidad de presidente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga (Smassa) y el gerente de la misma, Joaquín Jáuregui, al entender que adjudicaron a dedo, sin publicidad ni libre concurrencia, la redacción del proyecto de construcción de un aparcamiento en Cruz de Humilladero. Además, la beneficiaria del contrato fue la arquitecto María José Lobato, que trabaja en la sociedad y precisamente en la oficina técnica que asesora sobre los proyectos.

La fiscalía pidió ayer que se impute a esta técnico de un presunto delito de tráfico de influencias, igual que al responsable de esta oficina técnica, Fernando Segura, por lo que se suspendió su comparecencia como testigos.

Cordero, que es primer teniente de alcalde de Málaga, negó en su declaración que no se diera publicidad a la convocatoria de contratación del proyecto de aparcamiento, pues aseguró que se entregó el pliego de condiciones a los colegios de arquitectos, ingenieros y arquitectos técnicos para que éstos lo difundieran entre sus asociados.

Pero además, el concejal argumenta que Smassa es una sociedad anónima mercantil -en la que el Ayuntamiento tiene parte del capital- y que se rige por una normativa diferente a la de las administraciones públicas, que están obligadas a someter a los requisitos de publicidad y libre concurrencia todos aquellos contratos cuyo importe superen los 30.000 euros.

Cordero intentó justificar que la cuantía del contrato del aparcamiento de Cruz de Humilladero no superaba este tope porque el proyecto se dividió en dos, uno para residentes y otros para rotación. Pero los documentos aportados por el concejal elevan la suma del contrato a 57.096 euros, cuando la arquitecto María José Lobato cobró 48.000 euros.

Además, ni Cordero ni Jáuregui pudieron explicar por qué existió otro pago de 28.848 euros al Colegio Oficial de Arquitectos por el mismo proyecto. Y es que, en el pliego de condiciones que se remitió a los tres colegios profesionales mencionados, figura como redactor del proyecto otro arquitecto diferente y no María José Lobato. Cordero dijo desconocer este dato, y Jáuregui aseguró que, si es así, se trata de un error.

Tras la declaración de ayer, el PSOE va a solicitar al juez que recabe nueva información sobre los proyectos y la ejecución del aparcamiento.

Antes de entrar a declarar al juzgado, Cordero se dirigió malhumorado a dos reporteros gráficos, a los que espetó: "Ya le habéis hecho los deberes al PSOE".