Condenados a 763 años de cárcel 12 presos que se amotinaron en Alicante
La insurrección duró 48 horas y se saldó con un muerto y seis empleados secuestrados
La Audiencia de Alicante ha condenado a 12 de los 19 procesados por la insurrección de presos ocurrida en el centro penitenciario de Fontcalent en 1990, que se saldó con el asesinato de un recluso, el secuestro de seis empleados del presidio y varios heridos. La revuelta se prolongó durante 48 largas horas.
El tribunal atribuye sólo a cinco de los enjuiciados, entre ellos el líder de la revuelta, Antonio Cortés Escobedo, la autoría de la muerte del preso argelino.
La Audiencia sentencia a un total de 763 años de cárcel a los 12 acusados y absuelve al resto. El fallo considera responsable subsidiario a la Administración.
La sentencia del videojuicio por el motín de Fontcalent -los procesados declararon desde la cárcel por videoconferencia ante su "extrema peligrosidad"- se hizo pública ayer. La Audiencia de Alicante condena a 12 de los 19 procesados a penas de cárcel que oscilan entre los 150 y los 4 años de prisión por los delitos de detención ilegal, quebrantamiento de condena, atentado, asesinato, asesinato frustrado, lesiones y robo.
El Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Alicante, que preside Vicente Magro, considera autores "voluntarios, materiales y directos" de la muerte de un preso argelino a Antonio Cortés Escobedo, Francisco García Sánchez, Miguel Aguado Quirón, Salvador Estarlich Monrat y Vicente Gómez Cortés.
La revuelta de los presos -entre ellos reclusos muy peligrosos que cumplían largas condenas por delitos de sangre- se inició pasadas las diez de la mañana del 12 de noviembre de 1990, cuando uno de los reclusos se hizo con una de las llaves de la galería del módulo cuatro y fue liberando a otros reclusos. Los amotinados, que mantenían como rehenes a varios empleados, exigieron al entonces director general de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, un helicóptero para huir del presidio. La firmeza de las autoridades en no acceder a la peticiones de los insurrectos desmoralizó a los presos, quienes poco a poco fueron entrando a sus celdas.
El fallo judicial establece que el Estado es responsable civil subsidiario de los hechos. La Administración penitenciaria actuó con "negligencia" en el cumplimiento de las medidas de vigilancia del centro penitenciario. Según la sentencia, los cacheos reglamentarios no se hicieron con el rigor y meticulosidad exigible". El motín se inició en uno de esos cacheos, cuando un preso amenazó con un objeto punzante a un funcionario y lo encerró en una celda.
La defensa de los acusados ha recurrido la sentencia en base a la presunta ilegitimidad del sistema de juicio por videoconferencia.
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